Entre Ríos promulgó la ley que elimina las pensiones de privilegio

Una ley que deroga el régimen anterior

La ley que elimina las pensiones de privilegio en Entre Ríos quedó promulgada tras la publicación de la Ley N° 11.308 en el Boletín Oficial N° 28.422. La norma, aprobada por la Legislatura el 2 de septiembre, derogó definitivamente el régimen establecido por la Ley N° 4.506 y sus modificatorias.

La nueva legislación determinó que funcionarios y empleados públicos provinciales, municipales o comunales no podrán acceder a pensiones especiales o graciables por fuera del sistema jubilatorio ordinario contemplado en la normativa vigente.

La promulgación fue realizada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Qué ocurrirá con las pensiones ya otorgadas

La Ley N° 11.308 estableció que los beneficios reconocidos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa continuarán abonándose. Además, se mantendrá el derecho a pensión para el cónyuge supérstite y los hijos menores en caso de fallecimiento del beneficiario.

Sin embargo, para esas prestaciones se fijó un régimen de incompatibilidades. El cobro no podrá coexistir con cargos, empleos o contratos remunerados en los Estados nacional, provincial, municipal o comunal, salvo en el ejercicio de la docencia. También será incompatible con la percepción de otros beneficios de carácter asistencial o graciable. Quienes se encuentren en esa situación deberán optar entre suspender la pensión o renunciar a la remuneración del cargo público.

Qué pasará ante una incompatibilidad

Si el beneficiario no ejerce esa opción, la Caja de Jubilaciones y Pensiones quedará facultada para suspender de oficio la prestación y podrá avanzar sobre el recupero de las sumas percibidas indebidamente, con los intereses correspondientes.

La prohibición no alcanzará a las prestaciones derivadas de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural ni a las contempladas por la Ley N° 9.216 para Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Los próximos pasos

Tras la promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días corridos para reglamentar la Ley N° 11.308 y establecer los mecanismos necesarios para su implementación. La eliminación de este régimen había sido presentada por el Gobierno provincial como parte de su política de supresión de beneficios especiales vinculados a cargos políticos.