El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), reglamentó la Ley N° 11.232 de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Tras la publicación del Decreto 1121/26, la Resolución 128 adoptó las medidas para la implementación del régimen, que establece detallar la incidencia estimada de los impuestos a los Ingresos Brutos y de Profesionales Liberales en las facturas, tickets o comprobantes fiscales equivalentes por las operaciones de ventas de bienes y prestación de servicios a consumidores finales.

La medida forma parte de las políticas de transparencia fiscal impulsadas por la gestión de Rogelio Frigerio y tiene fines meramente informativos para los consumidores, no recaudatorios, por lo que permite el uso de valores estimados para facilitar la adecuación de los sistemas. 

Quiénes están obligados y quiénes no

Deberán cumplir con el régimen los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos —Régimen Directo o Convenio Multilateral— y/o en el Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales, quienes deberán discriminar las alícuotas a las que están sujetos y los importes estimados o aproximados. Quedan excluidos del régimen los contribuyentes del Régimen Simplificado.

Cómo debe figurar la información

La información debe ir después de la descripción de la operación y del IVA, y debe llevar la leyenda "Impuestos Provinciales o Ingresos Brutos o Profesionales Liberales" en el espacio inferior izquierdo del comprobante.

Los plazos de adecuación

El régimen se aplicará de manera gradual y escalonada según el tipo de contribuyente. Para los grandes contribuyentes será obligatorio a partir de los 60 días corridos desde la vigencia de la resolución. Para el resto de los contribuyentes, el plazo se extiende a 180 días corridos desde su entrada en vigor.

La postura de ATER

El titular de la ATER, Jesús Korell, valoró la medida y destacó que Entre Ríos fue una de las primeras jurisdicciones del país en adherir a la Ley de Transparencia Fiscal. "La información sobre la incidencia tributaria en bienes y servicios es un derecho de los consumidores que esta gestión reconoce y garantiza con esta medida", expresó.