El Gobierno de Entre Ríos formalizó la toma de deuda por hasta 307,5 millones de dólares destinada a financiar obras de infraestructura vial en distintos puntos de la provincia. La decisión quedó plasmada en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial N° 28.351, mediante las cuales el Ministerio de Economía y Servicios Públicos avanzó con la instrumentación de créditos otorgados por organismos multilaterales. Las resoluciones fueron firmadas por el ministro Fabián Boleas.

Los fondos provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y estarán orientados a programas de conectividad y desarrollo de la red vial entrerriana. La operatoria contempla la afectación de recursos de coparticipación federal como garantía de repago.

Los dos préstamos

La primera resolución autoriza un préstamo de hasta 27,5 millones de dólares otorgado por el BCIE para el Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (CONVER), destinado a financiar obras vinculadas a la mejora de la infraestructura vial y la conectividad territorial. Este crédito tendrá un plazo de hasta 20 años, con cinco años de gracia, y su tasa de interés será variable, basada en la tasa SOFR a seis meses más un margen ajustable trimestralmente.

La segunda norma habilita un financiamiento de hasta 280 millones de dólares del BID, canalizados a través del Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER), que apunta a fortalecer corredores estratégicos para la producción y el transporte. Este préstamo tendrá un plazo de amortización de hasta 21 años y medio, con nueve años de gracia, y también se regirá por una tasa variable basada en la SOFR.

Controles y garantías

Los organismos técnicos de control verificaron que el nuevo endeudamiento se encuentra dentro de los límites legales y constitucionales vigentes. La Contaduría General de la Provincia dejó constancia de que la proyección de los servicios de deuda no supera el límite constitucional equivalente al 25% de las rentas provinciales, y que la relación entre los compromisos financieros previstos para 2026 y los recursos corrientes netos se mantiene por debajo del tope del 15% establecido por la normativa. Por su parte, la Fiscalía de Estado emitió un dictamen favorable y concluyó que no existen objeciones jurídicas para avanzar con las operaciones.