Entre Ríos
Fotomultas en Entre Ríos: ¿Prevención vial o recaudación encubierta?
En los últimos meses, numerosos conductores que circulan por rutas de Entre Ríos han recibido notificaciones por exceso de velocidad captadas por radares automáticos. Las fotomultas, muchas veces cuestionadas por su ubicación y legalidad, generan cada vez más interrogantes entre los ciudadanos: ¿dónde están estas cámaras?, ¿cuál es el costo real de una infracción?, ¿qué autoridad las regula?, y sobre todo, ¿a dónde va el dinero recaudado?
Costo elevado y falta de claridad
El valor actual por exceso de velocidad en Entre Ríos asciende a $393.436, una suma que para muchos resulta desproporcionada. Esta cifra ha generado quejas no solo por su magnitud, sino por el modo en que se detectan las infracciones: cámaras que, en muchos casos, no están claramente señalizadas o ubicadas en puntos poco visibles.
¿Dónde están ubicadas las cámaras?
Las cámaras de fiscalización se encuentran distribuidas en varias rutas provinciales y nacionales que atraviesan Entre Ríos. Algunos de los lugares más frecuentes donde se han detectado están cerca de accesos a ciudades, como Isla del Ibicuy, Nogoyá, Concepción del Uruguay ,Paraná, y también en zonas rurales con tránsito intermitente. Sin embargo, la falta de señalización clara y el escaso acceso a un listado oficial actualizado alimentan la sospecha de que el objetivo no es prevenir accidentes, sino recaudar dinero.
¿Quién controla las fotomultas?
En el ámbito provincial, la Secretaría de Prevención y Seguridad Vial, con sede en Paraná y bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos, es la autoridad encargada de entender en materia de fiscalización vial, tanto en rutas provinciales como nacionales que cruzan la provincia.
A nivel legal, Entre Ríos se encuentra adherida a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 a través de la Ley Provincial 10.025. Sin embargo, según especialistas y organizaciones de defensa del consumidor, muchas veces no se respeta el artículo 80 de la ley nacional, que establece que toda instalación de radar o cinemómetro debe contar con señalización previa, homologación y aviso al conductor.
¿Para qué se utiliza el dinero recaudado?
Una de las grandes críticas a este sistema es la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados. Aunque oficialmente se indica que tienen como fin reforzar políticas de seguridad vial, no existe información clara ni informes públicos que detallen cómo se distribuye ese dinero o qué porcentaje queda en manos de empresas concesionarias privadas encargadas de operar las cámaras.
Un debate que sigue abierto
La implementación de fotomultas en Entre Ríos continúa generando controversias. Mientras que las autoridades sostienen que se trata de una herramienta clave para reducir la siniestralidad, muchos ciudadanos consideran que se trata de un mecanismo recaudatorio que no respeta ni los principios de legalidad ni los derechos de los conductores.
¿Prevención o negocio? La discusión está abierta, y requiere más que nunca transparencia, regulación efectiva y control ciudadano.