El gobernador Rogelio Frigerio presentó este miércoles junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y al director de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, el estado de situación y las proyecciones del plan de obras viales de Entre Ríos. El anuncio central fue la confirmación de financiamiento internacional por más de 320 millones de dólares destinados a reconstruir rutas estratégicas de la provincia.

"Encontramos las rutas en un estado deplorable y abandonadas, al igual que a nuestra Dirección Provincial de Vialidad", afirmó el mandatario, quien destacó que Entre Ríos es la primera provincia en obtener aval soberano del gobierno nacional para este tipo de financiamiento multilateral.

El detalle del financiamiento

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 280 millones de dólares para la provincia. A eso se suman casi 30 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica y otros 15 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. "Son más de 320 millones de dólares a larguísimo plazo y con tasas muy bajas para hacer rutas de nuevo, desde cero, en aquellos casos donde no alcanza con rehabilitarlas o bachearlas", precisó Frigerio.

Las obras previstas

Entre los proyectos incluidos figuran intervenciones sobre las rutas provinciales 1, 2, 6, 8 y 20, la circunvalación a Nogoyá, el puente sobre el arroyo El Desmochado, accesos en el tramo de la RP 15 a Tala y el puente sobre el arroyo Sauce en Gualeguaychú.

El gobernador indicó además que ya se ejecutaron trabajos en más de 1.000 kilómetros de rutas y que el objetivo es intervenir la totalidad de la red vial provincial antes de que finalice el mandato.

Maquinaria y transparencia

Frigerio confirmó la adquisición de alrededor de 70 máquinas para Vialidad Provincial, calificándola como la compra más importante de las últimas décadas. "Cuando llegamos prácticamente no había una sola máquina funcionando", señaló.

También anunció reformas administrativas orientadas a mejorar la transparencia en la obra pública, incluyendo la eliminación del cobro de Ingresos Brutos y Sellos para obras provinciales y la creación de un nuevo registro de contratistas. Según indicó, estas medidas permitieron pasar de dos o tres oferentes en licitaciones a más de diez, lo que redujo costos y permitió ejecutar más obras con menos recursos.