Fuerte rechazo del Colegio de la Abogacía a una posible restricción en la presentación de escritos judiciales

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) expresó su enérgico rechazo a la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) establezca restricciones horarias para la presentación de escritos electrónicos a través de la Mesa Virtual.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 11 de noviembre, bajo el contundente título “El Poder Judicial elige el atraso: menos trabajo, menos justicia”, la entidad profesional advirtió sobre las consecuencias que podría generar una decisión de estas características.

Desde el Colegio consideraron que limitar el funcionamiento de las presentaciones digitales constituiría un retroceso en la modernización del sistema judicial y perjudicaría directamente el ejercicio de la abogacía y el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Cuestionamientos por la falta de consulta

Uno de los principales reclamos del CAER apunta a que el Superior Tribunal estaría analizando esta modificación sin haber consultado previamente a la institución que representa a los profesionales de la abogacía entrerriana.

La entidad sostuvo que una decisión que afecta directamente la actividad profesional y el acceso a la jurisdicción requiere necesariamente la participación y opinión del Colegio.

Asimismo, cuestionó que, en un contexto en el que las herramientas digitales permiten agilizar trámites y ampliar las posibilidades de acceso, se considere restringir un sistema que actualmente funciona durante las 24 horas.

Los informes técnicos contradicen la necesidad de restringir horarios

El Colegio respaldó su posición en informes elaborados por organismos del propio Poder Judicial.

Según detalló, en el expediente 4174/2024, la Oficina de Informática del STJER determinó que solamente el 10% de las presentaciones electrónicas se realiza en horarios nocturnos, incluyendo dentro de ese porcentaje actuaciones urgentes habilitadas.

El mismo informe concluyó que limitar los horarios de presentación no reduciría la cantidad de escritos ni modificaría la acumulación de tareas en los despachos judiciales.

Por su parte, la Dirección de Gestión Humana del Superior Tribunal señaló que la mayor parte de las presentaciones se concentra durante días y horarios hábiles, por lo que los ingresos fuera de ese período no parecen constituir la causa de la sobrecarga laboral.

La Mesa Virtual y el derecho a la desconexión

Otro de los argumentos planteados por el CAER está relacionado con la diferencia entre el horario de recepción de escritos y la jornada laboral del personal judicial.

Actualmente, los trabajadores judiciales cumplen funciones de 7 a 13 horas, mientras que la plataforma digital permite presentar documentación durante cualquier momento del día.

Desde la entidad explicaron que ambas modalidades son compatibles, ya que los escritos ingresados fuera del horario hábil pueden ser tramitados durante la jornada laboral siguiente.

En ese sentido, recordaron que el artículo 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas contempla expresamente esta situación, estableciendo que los escritos pueden ingresarse cualquier día y a cualquier hora, mientras que los plazos para proveerlos comienzan en el siguiente día y horario hábil, salvo las excepciones previstas para amparos y otras actuaciones urgentes.

Un reclamo que alcanza a toda la provincia

La controversia también involucra a los profesionales que ejercen la abogacía en Gualeguay y en las distintas jurisdicciones de Entre Ríos, debido a que una eventual modificación del sistema de presentaciones electrónicas tendría alcance provincial.

El planteo del CAER pone en discusión la necesidad de preservar los avances tecnológicos incorporados al funcionamiento judicial y evitar medidas que puedan dificultar el trabajo profesional.

Por el momento, el cuestionamiento se refiere a una posible restricción que se encuentra bajo consideración, y no a una modificación ya implementada. El Colegio reclama que se mantenga la posibilidad de presentar escritos electrónicos durante las 24 horas y que la institución sea escuchada antes de adoptar cualquier resolución.