Guillermo Michel apuntó contra la privatización de AySA y llevó su reclamo a la Auditoría General de la Nación

Una voz entrerriana en el debate nacional

El diputado nacional entrerriano Guillermo Michel volvió a ubicarse en el centro de la agenda política nacional, esta vez con duras críticas a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta el servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano.

Michel, abogado y contador oriundo de Gualeguaychú, desarrolló una extensa carrera en la AFIP, donde llegó a ocupar la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, entre 2022 y diciembre de 2023. En las elecciones legislativas de 2025 encabezó la lista de diputados nacionales de Fuerza Entre Ríos, la boleta respaldada por la conducción del Partido Justicialista provincial, y hoy integra el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. 

“Tres meses de facturación”

El legislador afirmó que el Gobierno de Javier Milei pretende privatizar AySA por un monto equivalente a apenas tres meses de facturación y pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigue las condiciones de la operación. 

Para respaldar su planteo, contrastó las cifras: según indicó, la compañía tuvo el año pasado una ganancia operativa de 273 millones de dólares, mientras que el 90% de sus acciones se vende por 340 millones. 

“La empresa está totalmente mal vendida o regalada”, afirmó.

Michel detalló que AySA tiene cuatro millones de conexiones, por lo que el precio equivale a unos 100 dólares por cada una, y remarcó que al grupo inversor se le otorga además una concesión por 360 meses. A su criterio, la operación no resiste un análisis técnico. 

Advertencias sobre el consorcio comprador

En diálogo con Radio 10, el diputado señaló que entre las firmas del consorcio adquirente hay empresas que actualmente son proveedoras de AySA. Según su visión, eso las dejaría de ambos lados del mostrador, ya que como dueñas podrían contratar a sus propias compañías, y cuestionó a qué precio se pagarían esos insumos y servicios. 

Indicó además que ya existen dos actuaciones en curso sobre la privatización, una en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y reclamó que la AGN se involucre a fondo, como ya lo hizo con la Hidrovía. 

Tarifas y una alternativa mixta

Michel definió al agua como un derecho y un bien esencial, y advirtió sobre el impacto que la operación podría tener en los usuarios ante eventuales cortes o fuertes aumentos de tarifas. Como alternativa, propuso un esquema mixto similar al de YPF, en el que el Estado conservara el 51% para decidir sobre tarifas y obras, y el 49% restante se abriera al mercado de manera transparente para atraer inversiones. 

El estado de la operación

El Ministerio de Economía adjudicó la venta del 90% de las acciones estatales de AySA al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor, con plazo para firmar el contrato antes del 13 de noviembre. La privatización se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa sujeta a privatización, y en el Decreto 494/2025, que autorizó la venta de la participación estatal. Según lo informado, el nuevo operador deberá afrontar obligaciones de inversión por más de 2.000 millones de dólares.