Desde el sector remarcaron que la decisión responde a la falta de respuestas del Gobierno provincial frente a una agenda de demandas que incluye:

• Pago en tiempo y forma de aumentos y retroactivos.
• Cancelación de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los jubilados judiciales.
• Pago del título para trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.
• Pago del adicional por función para notificadores y evisceradores.

AJER recordó que “los salarios del sector vienen deteriorándose desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó las actualizaciones, y luego por aumentos que quedaron por debajo de la inflación”. Según indicaron, este contexto motivó la continuidad del plan de lucha iniciado el 28 de noviembre, que registró “un altísimo acatamiento en toda la provincia”.

Finalmente, la entidad sindical convocó a los trabajadores y trabajadoras judiciales a adherir a las nuevas medidas de fuerza “en defensa de nuestros derechos”.