La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, pidió este martes ante el Tribunal Oral Federal la pena de 15 años de prisión para Rubén Alberto Cabra, alias "Petro", acusado de engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad oriunda del Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo de Concepción del Uruguay entre 2006 y 2008. Además de la pena, la fiscal solicitó una reparación integral de 63 millones de pesos para la víctima, el decomiso del local comercial y la inmediata detención del imputado.

El caso

La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La víctima fue identificada en 2021. Según la acusación, en 2006 la joven —entonces de 17 años— recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela, Chaco, y fue trasladada hasta Concepción del Uruguay, donde fue recibida en el prostíbulo Snack Bar, ubicado sobre las rutas 39 y 14. Allí fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta fines de 2008.

En un momento logró escapar con ayuda de un cliente y llegó hasta su casa en Chaco, pero comenzó a recibir amenazas. El propio Cabra viajó junto a dos hombres a buscarla y la trasladó nuevamente a Concepción del Uruguay. En esta segunda etapa fue alojada bajo llave en el domicilio del imputado y todas las noches era llevada al prostíbulo. Nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de los servicios que era forzada a realizar, y los consumos que hacía se incorporaban a una deuda ficticia. En su declaración, la víctima también relató que en 2007 quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada, y que el sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

El "circuito prostituyente" local

La fiscal describió que en 2006 Concepción del Uruguay tenía un circuito prostituyente consolidado, con varios prostíbulos funcionando como whiskerías o bares desde fines de los años 90 hasta 2013, cuando la ciudad era considerada un polo de la prostitución en la provincia. Un comisario que declaró en el juicio ratificó que el traslado de mujeres desde el norte del país bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual en aquella época.

Calificación jurídica y veredicto

La conducta imputada se divide en dos tramos: entre 2006 y abril de 2008, encuadra en facilitación de la prostitución ajena; a partir de esa fecha, en trata de personas conforme a la Ley 26.364. El debate se desarrolla ante el TOF en composición unipersonal a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas. El veredicto se conocerá el 16 de junio.