Ordenaron decomisar propiedades, vehículos y equipos tras quedar firme la condena a Urribarri y Aguilera

La Justicia ordenó avanzar con el decomiso definitivo de propiedades, vehículos y equipos tecnológicos vinculados a la causa por la cual fueron condenados el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

La disposición fue emitida por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial y remitida a la Fiscalía de Estado provincial para comenzar con la ejecución de lo establecido en la sentencia dictada el 7 de abril de 2022.

La medida se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos presentados por las defensas y dejara firmes las condenas contra Urribarri, Aguilera y el exministro Pedro Báez.

Los bienes que serán decomisados

La resolución alcanza a dos inmuebles ubicados en calle Racedo 409 y 415, en la ciudad de Paraná, donde funcionaban instalaciones relacionadas con TEP SRL, una de las imprentas vinculadas a Aguilera.

También se ordenó el decomiso de tres vehículos:

• Una motocicleta Zanella ZB 100.
• Un camión Ford F4000D.
• Una camioneta Citroën Berlingo Furgón.

La lista incluye, además, computadoras, servidores, equipos informáticos, una computadora Apple y un plotter de impresión. Este último se encuentra en poder de Luciana Almada, expareja de Aguilera, quien deberá entregarlo a la persona que designe la Fiscalía de Estado.

De acuerdo con lo establecido judicialmente, los inmuebles serán destinados al Poder Judicial de Entre Ríos, los vehículos quedarán a disposición de la Policía provincial y los equipos informáticos serán entregados al Consejo General de Educación para distribuirlos entre instituciones educativas.

La causa de las imprentas

Los bienes decomisados están vinculados a la denominada “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, uno de los expedientes que integraron el megajuicio por corrupción.

Durante el proceso judicial se determinó que TEP SRL y otras firmas relacionadas con Aguilera fueron beneficiadas con contrataciones del Estado provincial durante la gestión de Urribarri. La investigación también estableció que agentes públicos prestaban tareas para esas empresas mientras sus salarios eran pagados por el Estado.

Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Aguilera y Báez recibieron penas de seis años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua. Los tres comenzaron a cumplir sus condenas luego de que la Corte Suprema rechazara sus recursos a comienzos de septiembre. Fuente: Ahora y Análisis Digital