Cerca de aprobarse
Proyecto de Consorcios Camineros: Entre Ríos avanza en una herramienta para mejorar los caminos rurales
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La Legislatura provincial comenzó el análisis de una iniciativa que propone crear un régimen específico para organizar consorcios camineros. El objetivo es mejorar la red vial rural y vecinal, clave para la producción entrerriana. Productores, legisladores y referentes políticos destacan que se trata de un paso firme para dar respuestas concretas a un reclamo histórico.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos inició en comisión el estudio de un proyecto de ley que plantea la creación de un régimen de consorcios camineros, asociaciones civiles sin fines de lucro conformadas por productores y vecinos que, en coordinación con el Estado provincial, se encargarán de conservar y mejorar los caminos rurales.
La propuesta surge como respuesta a un problema estructural en la provincia: el deterioro de la red terciaria de caminos, conocida como “caminos de la producción”, esenciales para la salida de granos, la lechería, la ganadería y demás actividades agropecuarias.
Una figura con reconocimiento legal
El texto legislativo establece que los consorcios camineros serán personas jurídicas públicas no estatales, reconocidas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, con capacidad para contratar obras, adquirir maquinarias y administrar recursos. El Estado, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), deberá brindar asistencia técnica, profesional y de equipos, además de controlar la calidad de las obras.
Los consorcios podrán celebrar convenios tanto con la DPV como con municipios y comunas para llevar adelante trabajos de mantenimiento, reparación o construcción. El proyecto también prevé la posibilidad de crear consorcios regionales y un Consejo Asesor provincial, lo que permitiría coordinar políticas a mayor escala.
Organización y funcionamiento
Según la iniciativa, cada consorcio deberá conformarse mediante una asamblea de vecinos y productores, contar con al menos 25 socios activos y un territorio mínimo de 5 kilómetros cuadrados de jurisdicción. Su conducción estará a cargo de una Comisión Directiva integrada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un comité ejecutivo.
Los asociados serán responsables solidarios por los bienes y fondos administrados, aunque no con sus patrimonios personales, salvo en casos de dolo o negligencia. Los cargos serán ad honorem.
En materia de financiamiento, la ley prevé múltiples fuentes: aportes de los consorcistas, de la Provincia, de la Nación, de organismos de crédito, subsidios y donaciones. Además, se crea un **Fondo Especial para la reparación de los caminos de la producción**, que se integrará con recursos de Rentas Generales y será administrado por la DPV.
Opiniones y respaldo político
El diputado provincial Esteban Vitor destacó que el proyecto representa “una herramienta muy buena para dar solución a un problema histórico”, señalando que en otras provincias de la Región Centro los consorcios camineros han mostrado buenos resultados.
En la misma línea, legisladores y representantes de entidades rurales subrayaron que la sanción de esta norma significaría “un paso firme para mejorar el estado vial entrerriano” y garantizar la conectividad en zonas productivas que hoy padecen dificultades para sacar la producción o acceder a servicios básicos.
Experiencias previas y fundamentos
El texto del proyecto toma como referencia los modelos ya vigentes en Córdoba, Santa Fe y Chaco, donde los consorcios camineros funcionan desde hace décadas con buenos resultados. “El Estado debe intensificar la construcción y mejoramiento progresivo de los caminos e incitar la iniciativa y cooperación privadas”, recuerda la iniciativa citando el artículo 72 de la Constitución entrerriana.
En los fundamentos, se resalta que el buen estado de los caminos rurales incide directamente en los costos de transporte, en la competitividad de la producción y en la calidad de vida de los habitantes del interior.
Próximos pasos
Tras su ingreso en el Senado, la iniciativa comenzó a ser debatida en comisiones y se espera que avance hacia el recinto en las próximas semanas. De aprobarse, la Provincia contaría por primera vez con un marco legal específico para organizar, financiar y controlar el trabajo conjunto entre productores y el Estado en el mantenimiento vial.
Con este proyecto, Entre Ríos busca saldar una deuda histórica con sus sectores productivos y sus comunidades rurales, apostando a un modelo de participación público-privada que ya demostró su eficacia en provincias vecinas.