Se reanuda la causa contra Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito: investigan un patrimonio de más de 7 millones de dólares
El exgobernador de Entre Ríos, que actualmente cumple una condena de ocho años de prisión en Gualeguaychú, afronta una nueva instancia judicial. Este lunes se retoma en Paraná la audiencia que determinará si será llevado a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía solicita una pena de cinco años y seis meses de cárcel.
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Este lunes 19 de octubre, a partir de las 9, se reanuda en los Tribunales de Paraná la audiencia de apertura de causa a juicio contra el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, acusado de presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.
El procedimiento estará a cargo del juez de Garantías Mariano Budasoff, quien deberá resolver si el expediente reúne las condiciones para avanzar hacia un juicio oral y público.
La investigación apunta a un incremento patrimonial que, según la acusación fiscal, supera los 7 millones de dólares y no habría sido debidamente justificado durante las gestiones de Urribarri al frente del Gobierno entrerriano, entre 2007 y 2015.
La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitaron una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva para Urribarri.
También está imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, firma que mantuvo contrataciones con el Estado provincial durante el período investigado. Para el empresario, la Fiscalía reclama cinco años de prisión efectiva.
La hipótesis de los investigadores sostiene que Cardona Herreros habría intervenido como persona interpuesta para administrar y ocultar bienes y fondos vinculados al exmandatario.
Además, se investigan presuntas irregularidades en contrataciones estatales, entre ellas acuerdos previos, acceso anticipado a información y posibles sobreprecios.
Una causa que comenzó hace más de una década
La investigación judicial se inició en diciembre de 2015, luego de una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, a partir de publicaciones periodísticas sobre el patrimonio de la familia Urribarri.
Durante el proceso se recopiló información patrimonial y financiera del exgobernador, su esposa y sus hijos.
Las audiencias para determinar la elevación a juicio se desarrollaron durante marzo y abril de este año, pero el trámite quedó interrumpido por planteos de las defensas relacionados con la validez de determinadas pruebas.
Con la reanudación prevista para este lunes, la Justicia buscará avanzar en una definición sobre el futuro del expediente.
Urribarri ya cumple una condena de ocho años
La nueva instancia judicial encuentra al exgobernador detenido en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.
En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que había recibido por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el mismo establecimiento penitenciario se encuentran alojados su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Comunicación Pedro Báez, también condenados en aquella causa.
Urribarri enfrenta, además, otro expediente judicial conocido como la causa de las coimas, vinculado con presuntas irregularidades en contrataciones públicas. En ese proceso, la Fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión.
Una definición clave para el exgobernador
La audiencia de este lunes no determinará si Urribarri es culpable del delito de enriquecimiento ilícito, sino si corresponde que la acusación avance a juicio oral.
La defensa cuestiona aspectos de la investigación y la validez de parte de las pruebas incorporadas al expediente.
De resolverse la elevación a juicio, el exmandatario deberá enfrentar un nuevo proceso judicial, independiente de la condena que actualmente cumple.
La decisión será relevante para el futuro judicial de quien gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos y continúa involucrado en distintas investigaciones por presuntos hechos de corrupción.