Una resolución provincial ordena abrir los terraplenes de La Calera tras más de 20 años de conflicto
El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Co.R.U.F.A.) dictó la Resolución N.º 81/2026, que dispone la apertura inmediata de tres sectores de los terraplenes que obstruyen el escurrimiento natural del arroyo Viraguay. La decisión tiene respaldo en una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y busca dar respuesta a un histórico reclamo ambiental que afecta a miles de hectáreas de la región de Gualeguay.
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Una decisión de gran trascendencia para Gualeguay y el sur entrerriano fue adoptada por el Gobierno provincial, luego de más de dos décadas de controversias por las obras hidráulicas existentes en el establecimiento La Calera, ubicado en el departamento Islas del Ibicuy, frente a la zona de Puerto Ruiz.
A través de la Resolución N.º 81/2026, fechada el 20 de noviembre de 2026, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Co.R.U.F.A.) dispuso la ejecución inmediata de tres aperturas en los terraplenes que interrumpen el curso natural del arroyo Viraguay.
La resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Ho, establece las condiciones técnicas, los lugares de intervención y las responsabilidades económicas para concretar los trabajos.
La importancia de esta novedad radica en que no se trata solamente de un anuncio político o de una intención del Gobierno provincial, sino de una disposición administrativa concreta que ordena ejecutar las obras.
Una resolución respaldada por la Justicia
La medida tiene antecedentes que se remontan a 2003 y 2004, cuando el Co.R.U.F.A. dictó distintas resoluciones relacionadas con las intervenciones hidráulicas realizadas en el establecimiento.
Aquellas disposiciones fueron cuestionadas judicialmente por Estancias Unidas del Ibicuy S.A., pero el 18 de septiembre de 2012 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó su legitimidad mediante una sentencia en el expediente N.º 1474/05.
De esta manera, las decisiones administrativas quedaron respaldadas por una sentencia judicial firme.
Sin embargo, el cumplimiento efectivo de las aperturas continuó pendiente durante años.
Según los antecedentes consignados en la nueva resolución, una inspección realizada el 1.º de noviembre de 2026 por la Fiscalía de Estado constató que los trabajos ordenados todavía no habían sido ejecutados.
También se verificó el vencimiento de los compromisos asumidos en un acuerdo firmado en diciembre de 2019.
El impacto sobre Gualeguay y miles de hectáreas
El conflicto tiene especial importancia para el departamento Gualeguay, debido a las consecuencias que las modificaciones del escurrimiento natural pueden generar sobre campos productivos, humedales y zonas bajas.
De acuerdo con información difundida por el Gobierno provincial, el sistema de terraplenes protege aproximadamente 40.000 hectáreas del establecimiento privado, mientras que su interferencia sobre la circulación del agua perjudicaría a una superficie superior a las 100.000 hectáreas del departamento Gualeguay.
La situación se vuelve particularmente sensible ante las crecidas y los períodos de abundantes precipitaciones, cuando el funcionamiento de los cursos naturales resulta fundamental para evacuar los excedentes hídricos.
En Gualeguay, la asociación Solidaridad, Educación y Ambiente (S.E.A.) viene sosteniendo desde hace años reclamos para que se restablezca el escurrimiento del arroyo Viraguay.
Qué establece concretamente la Resolución 81/2026
La disposición provincial contempla la apertura de tres sectores específicos de los terraplenes existentes en La Calera, con el objetivo de recuperar la continuidad del curso de agua.
También ordena verificar las condiciones de otros arroyos de la zona, entre ellos Calerita, El Pato y La Cruz, y restituir las aperturas correspondientes si se encuentran obstruidas.
Los trabajos deberán realizarse mediante maquinaria provincial, con intervención de los organismos técnicos competentes.
El plazo máximo establecido es de 72 horas, contadas desde el ingreso efectivo de las máquinas y del personal al establecimiento.
Este punto resulta fundamental: el plazo no comienza automáticamente con la firma de la resolución, sino a partir del acceso efectivo al lugar donde deben ejecutarse las obras.
La disposición también establece que los costos de la intervención deberán ser afrontados por los responsables del establecimiento, aunque inicialmente puedan ser cubiertos con recursos provinciales.
La Provincia rechazó una propuesta alternativa
Durante el tratamiento de la cuestión, representantes de la firma El Hinojo S.A. presentaron una alternativa que buscaba evitar la apertura del terraplén interno, argumentando que la intervención podría afectar superficies agrícolas.
La propuesta contemplaba derivar el agua mediante cortes alternativos, un corredor entre terraplenes y un sistema de bombeo hacia el río Ibicuy.
Sin embargo, el Co.R.U.F.A. rechazó el planteo por unanimidad, considerando tanto objeciones administrativas como fundamentos técnicos y ambientales.
Entre los argumentos se encuentra el artículo 46 de la Ley Provincial de Aguas N.º 9.172, relacionado con las condiciones que deben cumplir las obras de desagüe y la restitución del agua a sus cauces.
Podrían intervenir la Justicia y la fuerza pública
Otro aspecto relevante de la resolución es que contempla mecanismos para garantizar el ingreso al establecimiento en caso de que existan impedimentos.
La Fiscalía de Estado podrá solicitar las autorizaciones judiciales necesarias, incluyendo medidas de allanamiento, ingreso al predio y auxilio de la fuerza pública.
La disposición busca evitar nuevas demoras en el cumplimiento de decisiones administrativas y judiciales que llevan más de dos décadas.
Una decisión histórica cuya ejecución todavía debe concretarse
La Resolución N.º 81/2026 representa un avance significativo en un conflicto ambiental e hídrico de larga data para Gualeguay y el sur de Entre Ríos.
Su relevancia no reside únicamente en la orden de abrir los terraplenes, sino también en la decisión del Estado provincial de establecer un procedimiento concreto para hacer cumplir medidas que cuentan con antecedentes judiciales firmes.
No obstante, al momento de esta publicación, todavía resta confirmar oficialmente el ingreso de la maquinaria y el inicio efectivo de las aperturas.
Para Gualeguay, donde las consecuencias de las inundaciones y las alteraciones del escurrimiento natural constituyen una preocupación histórica, la ejecución de esta resolución será un hecho de especial importancia ambiental, productiva e institucional.
La expectativa está puesta ahora en que la decisión administrativa se traduzca en trabajos concretos sobre el terreno.