La realidad ambiental del país, con más del 80% de la superficie original de sus bosques nativos ya totalmente destruida, aconseja erradicar los fuegos intencionales, tanto legales (grupo "b") como ilegales (grupo "a"), y desplegar activas campañas de concientización pública para que disminuya la incidencia de los accidentales (grupo c).4.1. Fuegos legales e ilegales.Sobre los fuegos intencionales e ilegales no hay controversia. Lamentablemente, algunos técnicos y organismos siguen promocionando las bondades de la quema legal y controlada. FUNAM considera que la quema no debe legalizarse por las siguientes razones:En primer lugar, porque la mayor parte de los ecosistemas, sobre todo los Chaqueños y del Espinal, han estado soportando fuegos que superan ampliamente sus respectivas posibilidades de auto-recuperación.En segundo lugar, porque tanto la superficie original de los ambientes nativos como su continuidad han disminuido dramáticamente en Argentina. Esta merma y "fragmentación", que acelera la pérdida de biodiversidad, es notable en las Provincias Biogeográficas de las Yungas, Paranaense o Misionera, Chaqueña, del Espinal y de la Estepa Pampeana, y en los Bosques Subantárticos.En tercer lugar, porque ignoran los sinergismos que existen entre el fuego y otros factores actuales de simplificación ecológica, como sobrepastoreo, tala selectiva, desmonte en masa y contaminación. La mayor parte de los ambientes nativos de Argentina sufre una depredación sin precedentes.En cuarto lugar, porque para el suelo un fuego controlado no se diferencia de uno prescrito (ver "Efectos").En quinto lugar, porque el fuego y sus acciones asociadas actúan sobre sustancias químicas preexistentes en el suelo, como plaguicidas y restos sólidos de distinto tipo (metales, plásticos clorados etc.). La quema de vegetación y suelos sometidos al uso intensivo de herbicidas clorados (como los ácidos feoxiacéticos sustituídos tipo 2,4-D) genera dibenzodioxinas y otros materiales de alta toxicidad, teratógenos y cancerígenos, que se introducen y bioaconcentran en redes alimentarias tipo pasto-vaca-hombre y tipo ecosistema complejo.En quinto lugar, porque la quema controlada ignora por completo el "Principio de Precaución". Dado que existen alternativas sustentables al uso del fuego, como el desmalezamiento mecánico o el control biológico de malezas, su utilización no se justifica.En sexto lugar, porque la actual bibliografía aconseja mayoritariamente, para ecosistemas en disturbio donde la supuesta resistencia al fuego está debilitada o no opera, erradicar el uso del fuego. Las modalidades de uso prescripto promovidas desde la provincia de Santiago del Estero -que es una de las provincias más afectadas por la degradación de ecosistemas- resultan por lo menos peligrosas. La mayoría de los técnicos que apoya esta habilitación del fuego suele basarse, casi exclusivamente, en la supuesta adaptación de algunas de las especies de plantas verdes -no la totalidad- ignorando que el "sistema" también incluye micro y macrobiota no vegetal de notable fragilidad. Quemar ecosistemas bajo disturbio y presión, donde está operando la simplificación ecológica a ritmo exponencial, es un despropósito técnico.En séptimo lugar, porque la legalización del fuego incide negativamente sobre la estructura y funcionamiento de las cuencas hídricas de captación, cada vez más cercadas por el desmonte y la simplificación ecológica.En octavo lugar porque favorece los desmontes, dado que el fuego forma parte de las técnicas "preparatorias" que utilizan empresas desmontadoras. Después del fuego las máquinas completan la "erradicación" de bosques y matorrales autóctonos.En noveno lugar porque no existen, desde la perspectiva de los ecosistemas actuales, simplificados y frágiles, "fuegos buenos" y "fuegos malos". Frente a una formación ambiental muy incipiente de la sociedad, la institucionalización de los fuegos controlados solo aumenta el ruido y la desorientación.En décimo lugar, porque no sólo ignora el acelerado proceso de cambio climático global, producto del exceso de dióxido de carbono y del sobreefecto invernadero, sinó que legaliza, abiertamente, la descarga de CO2 a la atmósfera. Al habilitar esta descarga de "gas de invernadero", las quemas controladas configurarían, dentro de ciertos límites, violaciones a la "Convención sobre Cambio Climático Global".En onceavo lugar, porque la realidad de nuestros modelos de gestión ambiental delata una crónica falta de agentes de fiscalización. Una vez legalizadas las quemas y los incendios sería muy difícil controlar lo que sucede. Los cuerpos de Bomberos Voluntarios, por ejemplo, sobreviven con presupuestos de miseria y la red de alerta temprana de incendios sigue siendo un anhelo. En este contexto el control es impracticable.

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