Causa Los Sauces: la Fiscalía expuso cómo funcionaba la inmobiliaria de la familia Kirchner sin sede ni empleados
En el juicio por Hotesur y Los Sauces, la acusación judicial puso bajo la lupa el manejo de la empresa vinculada a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos. Según la investigación, la firma operó durante años sin una estructura comercial convencional y concentró sus decisiones en integrantes del círculo familiar.
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La causa Hotesur-Los Sauces sumó nuevos detalles durante las primeras audiencias del juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 5. La Fiscalía, encabezada por Diego Velasco, expuso cómo habría funcionado la inmobiliaria Los Sauces S.A., señalada como parte de una presunta maniobra de lavado de activos.
La empresa fue constituida el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, Santa Cruz, por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. Su capital inicial fue de 100.000 pesos, distribuido en un 45% para cada uno de los expresidentes y un 10% para Máximo, quien asumió la presidencia del directorio.
Una empresa controlada por la familia
De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2006 y 2016 las principales decisiones societarias quedaron concentradas en integrantes de la familia Kirchner y personas de su confianza.
Máximo Kirchner presidió la compañía hasta 2015 y tuvo intervención en la aprobación de balances, adquisiciones inmobiliarias y contratos de alquiler.
Tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, Florencia Kirchner se incorporó al directorio en 2012 como vicepresidenta. Posteriormente, Romina Mercado, sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, asumió la presidencia de la firma.
Para los investigadores, esta estructura habría permitido mantener el control de las operaciones económicas dentro del entorno familiar.
Sin oficinas comerciales y con apenas dos empleados registrados
Uno de los aspectos destacados por la Fiscalía fue la ausencia de una estructura administrativa habitual para una empresa dedicada al negocio inmobiliario.
Según la acusación, Los Sauces registraba tres domicilios, pero ninguno funcionaba como una oficina inmobiliaria convencional. Se trataba de estudios contables y de una vivienda particular vinculada a Máximo Kirchner.
Además, desde su creación hasta abril de 2010 no registró empleados. Ese año incorporó al jardinero personal de Cristina Kirchner y, en junio de 2015, a Florencia Kirchner. La investigación señaló que no se pudieron establecer con claridad las tareas que desempeñaban.
Los contratos con empresarios investigados
La Fiscalía también examinó las relaciones comerciales de Los Sauces con empresas vinculadas a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Según la hipótesis acusatoria, la sociedad adquirió propiedades, terrenos y participaciones hoteleras que posteriormente fueron utilizados para generar ingresos mediante contratos de alquiler.
Los investigadores sostienen que parte de esos fondos podría haber tenido origen en operaciones ilícitas relacionadas con beneficios estatales y contrataciones de obra pública.
Otro de los cuestionamientos apunta a que determinados contratos de alquiler no habrían sido formalmente analizados ni aprobados por el directorio.
La Justicia deberá determinar si existió lavado de dinero
El proceso judicial busca establecer si las operaciones inmobiliarias fueron actividades comerciales legítimas o si constituyeron mecanismos para introducir fondos ilícitos en el patrimonio familiar.
Las defensas rechazan las acusaciones y sostienen que las operaciones fueron legales.
Las irregularidades descriptas forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad. Será el tribunal el encargado de evaluar las pruebas y resolver las responsabilidades penales de los acusados.