El Gobierno completó la adjudicación de la Hidrovía a Jan De Nul, que la operará por los próximos 25 años

El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. Jan de Nul y Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 25 años.

La resolución oficial

La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.

Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.

El comunicado del Gobierno

Esta decisión cierra la etapa estatal en la administración directa de la ruta, devolviendo la gestión operativa al sector privado. El objetivo, según el Gobierno de Javier Milei, es potenciar la matriz productiva del país mediante la incorporación de tecnología de punta, el control del tráfico naval y el combate contra el narcotráfico en la zona, desligando al Estado de su administración.

En términos geográficos, el proyecto engloba el dragado y balizamiento desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, a la altura de la zona conocida como Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, alcanzando las profundidades naturales del Océano Atlántico. Las futuras obras permitirán que los buques oceánicos carguen a tope en sus puertos de origen.

Respaldo institucional y auditoría global

Para resguardar la legalidad de la licitación, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación firmó un memorando de entendimiento con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que auditó todas las fases del trámite para garantizar los más altos estándares de transparencia.

El proceso contó con la creación de Mesas de Diálogo Interdisciplinarias y una Audiencia Pública Informativa, donde universidades, sindicatos y referentes portuarios aportaron sugerencias para el proyecto.

A su vez, gobernadores de seis provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y diversas cámaras portuarias celebraron la adjudicación.

Junto a los operadores de la vía navegable también compitieron la firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME NV) y la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda.

El rechazo a las quejas de la competencia

El camino hacia la decisión final tuvo tropiezos administrativos. La primera en quedar afuera fue DTA Engenharia Ltda, descalificada por la Comisión Evaluadora por no presentar correctamente la garantía para mantener su oferta.

Por su parte, la firma belga DEME NV presentó recursos cuestionando que la Comisión no midió sus antecedentes técnicos con la misma vara que al resto. El reclamo quedó sin validez legal porque la empresa omitió pagar la garantía obligatoria para poder apelar.

El cierre del proceso llegó con la Resolución 844 del Ministerio de Economía, que rechazó las apelaciones de la empresa belga. Con el aval de la Procuración del Tesoro, el Gobierno concluyó que no hubo arbitrariedad ni trato injusto, y que el consorcio europeo no entregó la documentación requerida por el pliego.