El Gobierno nacional aseguró haber detectado que cerca de 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) permanecían activos a nombre de personas fallecidas, lo que habría generado el cobro indebido de prestaciones estatales. El hallazgo surgió tras un cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Según se informó desde fuentes oficiales, la irregularidad fue detectada durante una auditoría integral impulsada a fines de agosto, luego de la salida del entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en medio de una fuerte polémica política y judicial. El actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, fue quien autorizó la baja de los certificados observados tras confirmar las inconsistencias.

Desde la Casa Rosada no descartan judicializar el caso, tanto contra quienes percibían los beneficios como contra los prestadores involucrados, al considerar que se trataría de “una estafa al Estado”. En ese sentido, se prevé un nuevo cruce de información para determinar responsabilidades y eventuales delitos.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que habilita el acceso a distintas prestaciones y beneficios del Estado. Su otorgamiento depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso, por lo que las autoridades remarcaron la gravedad institucional del hallazgo.

La auditoría sobre la ANDIS también incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, en un contexto marcado por denuncias cruzadas, audios filtrados y una presentación judicial del ex titular del organismo, quien sostuvo que el material difundido habría sido manipulado con inteligencia artificial.

Además, desde el Gobierno señalaron que se detectaron otras inconsistencias, entre ellas un aumento del 27% en la compra de medicamentos clave para tratamientos oncológicos, lo que encendió nuevas alertas sobre el manejo del área.

Los resultados finales de la auditoría aún no fueron oficializados y, según trascendió, podrían darse a conocer hacia el final del primer trimestre de 2026, mientras continúa el debate político y legislativo en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad.