Entre las principales modificaciones se destaca la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal.

La ley también establece un nuevo esquema de penas graduadas, que tendrá en cuenta tanto la edad del menor como el contexto en el que se haya cometido el delito. El objetivo del sistema es combinar sanciones con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social de los jóvenes.

Aprobación en el Congreso

La iniciativa fue sancionada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En el Senado obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, luego de haber recibido previamente la aprobación en la Cámara de Diputados. De esta manera, el oficialismo logró avanzar con una de las reformas más discutidas en materia de política criminal.

Originalmente, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias con bloques aliados se acordó fijarla finalmente en 14 años, lo que permitió alcanzar el consenso necesario para su aprobación legislativa.

Comparación con otros países

Con esta modificación, Argentina se alinea con la edad de imputabilidad vigente en varios países de la región. En naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, la responsabilidad penal comienza a los 14 años, mientras que en países como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá se establece desde los 12 años.

En la mayoría de estos sistemas, el tratamiento de los adolescentes que cometen delitos combina sanciones judiciales con medidas socioeducativas destinadas a su reinserción social.