Ley
El Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero frenó su aplicación hasta definir fondos
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El Gobierno nacional promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan, y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, la puesta en marcha de las normas quedó suspendida, ya que el Ejecutivo dispuso que el Congreso deberá definir las fuentes de financiamiento y asignar las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional 2026.
Las medidas fueron oficializadas mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, que promulgan las Leyes N° 27.795 y 27.796. De esta forma, el Gobierno mantiene la misma postura adoptada con la ley de emergencia en discapacidad, al considerar que las normas carecen de respaldo presupuestario para su ejecución inmediata.
Financiamiento universitario en pausa
La Ley 27.795 establece el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y el fortalecimiento de programas de becas, investigación y tecnología. Según cálculos oficiales, su implementación demandaría más de un billón de pesos en 2025 y superaría los dos billones en 2026.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiarán las erogaciones. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la norma sin los recursos correspondientes sería incompatible con la Ley de Ejecución del Gasto Público (N° 24.629) y podría generar responsabilidad funcional.
Emergencia pediátrica: la Ley Garrahan también espera
Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y designa al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Busca reforzar el sistema de salud infantil, las residencias médicas y la situación salarial del personal sanitario.
La norma prevé un costo fiscal estimado de $196.270 millones, con fondos provenientes de reasignaciones internas del Ministerio de Salud. Sin embargo, el decreto advierte que esa fuente es insuficiente, dado que la cartera sanitaria enfrenta un déficit superior a los $100.000 millones.
Por ese motivo, el Gobierno dispuso que la ley no entre en vigencia hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto. Además, cuestionó que el texto legislativo intente derogar una resolución del Ministerio de Salud, lo que consideró una intromisión del Congreso en atribuciones del Poder Ejecutivo.
De esta manera, las dos normas promulgadas —aunque sin efecto inmediato— dependen ahora de la discusión presupuestaria en el Congreso para definir su futura implementación.