Ruta K
La Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa "Ruta del Dinero K"
Es un fallo histórico en la lucha contra el lavado de dinero vinculado a la corrupción.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y otros 21 acusados en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, al rechazar por “inadmisibles” los recursos presentados por las defensas. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró una de las investigaciones más emblemáticas sobre lavado de activos provenientes de la corrupción en la Argentina.
La sentencia ahora definitiva impone diez años de prisión a Báez por operaciones ilícitas por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. El empresario, estrechamente vinculado al kirchnerismo, había montado una estructura financiera y societaria para canalizar los fondos, tanto dentro como fuera del país. El caso cobró repercusión pública a partir de la difusión en 2016 del video en la financiera “La Rosadita”, donde se veía a su hijo manipulando fajos de dinero.
El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González. Aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar recursos sin fundamentar. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, argumentando que debía intervenir la Procuración General.
La resolución también confirma las penas a otros condenados: Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, son 22 las personas condenadas, aunque las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas.
Además de las penas de prisión, el fallo ratificó multas por hasta 328 millones de dólares y el decomiso de activos valuados en 65 millones. El Tribunal Oral Federal N°4, que juzgó el caso entre 2018 y 2021, deberá ahora determinar cuánto tiempo de condena cumplió cada imputado y resolver sobre posibles arrestos o penas en suspenso.
La causa comenzó en 2013 tras un informe televisivo, y se consolidó en 2016 con el video que evidenció las maniobras en la financiera SGI. La Justicia determinó que el lavado de dinero provenía de fondos obtenidos mediante evasión fiscal y facturación falsa, en el marco de la actividad de Austral Construcciones, empresa de Báez.
Por otra parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este expediente continúa en etapa de instrucción. Aunque había sido sobreseída por el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal revocó esa decisión al admitir como querellante a una ONG. La Corte también rechazó los recursos de su defensa por cuestiones formales.
Con condenas firmes, decomisos históricos y una instrucción aún abierta en torno a figuras políticas de alto perfil, la “Ruta del Dinero K” se posiciona como uno de los casos más avanzados de la Justicia en materia de corrupción en los últimos años.