La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa por corrupción que tiene como condenados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Este jueves, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) el decomiso de más de 140 inmuebles, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el pedido incluye un total de 141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez. Además, se requirió el decomiso de 46 automotores y diversas sumas de dinero.

En detalle, los fiscales solicitaron el decomiso de US$4.664.000 correspondientes a una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 depositados en una caja de ahorro del Banco Galicia y $53.280,24.

Incumplimiento del pago ordenado

En su presentación, Luciani y Mola remarcaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86, monto actualizado por la “defraudación colosal a la Administración pública”. Sin embargo, señalaron que “todavía no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo para hacerlo venció hace meses.

Asimismo, sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”, y consideraron que esa conducta “exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Intervención de la Corte Suprema

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes decomisados, luego de que el TOF 2 solicitara esa medida.

La decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, de acuerdo con criterios técnicos que fueron posteriormente ratificados por la Corte Suprema.

La causa continúa en etapa de ejecución de sentencia, mientras se definen los pasos administrativos y judiciales para concretar el recupero de los bienes.