La pobreza en niños y adolescentes de Argentina llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%, según datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) elaborada por la Universidad Católica Argentina (UCA). Si bien ambos indicadores muestran una baja respecto de 2024, las privaciones y las desigualdades estructurales persisten, y el nivel actual sigue siendo muy superior al registrado en 2010, cuando la pobreza infantil afectaba al 45,2% de ese grupo etario.

La serie histórica muestra una tendencia ascendente de largo plazo, con picos en los momentos de crisis. El punto más crítico se alcanzó en 2023, con un 62,9% de pobreza infantil, tras valores de alrededor del 64-65% en 2020-2021. La recuperación de 2024 y 2025 es significativa, pero la UCA advirtió que "el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada".

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar pero con oscilaciones más pronunciadas: partió de 11,4% en 2010, llegó a su valor más alto en 2024 con 17,7%, y descendió al 10,7% en 2025, acercándose a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria y asistencia récord

El 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Aunque estos valores implican una mejora respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017. La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos y en el Conurbano Bonaerense.

En ese contexto, la asistencia alimentaria alcanzó el 64,8%, una marca récord. El fuerte aumento se registra desde 2020, impulsado por la mayor cobertura de comedores escolares y comunitarios, y por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

La cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que representa una baja de 3,3 puntos porcentuales respecto de 2024. La investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), Inanina Tuñón, señaló que estas políticas "no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal", y subrayó que es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos.

Salud, vivienda y vestimenta

El informe también da cuenta de una crisis multidimensional. El 19,8% de los niños y adolescentes dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por razones económicas durante 2025. La UCA destacó que la atención odontológica es la más postergada, con impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida.

En materia habitacional persisten déficits estructurales: el 18,1% reside en viviendas precarias y el 20,9% vive en situación de hacinamiento. Además, el 42% habita en hogares sin saneamiento adecuado y el 37,5% enfrenta privaciones en vestimenta.

La caída de la natalidad, otra señal de la crisis

Tuñón puso foco en la caída sostenida de la natalidad como otra señal de los efectos de la crisis social en las decisiones familiares. En 1991, el 56% de los hogares tenía niños o adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. La tasa de fecundidad se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, por debajo del umbral de reemplazo de 2,1.