Una jueza de Río Grande ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó frenar las obras del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por la jueza federal Mariel Borruto en el marco de una acción preventiva por daño ambiental colectivo, iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) contra las compañías Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Qué alcanza la medida cautelar

La resolución dispone que Rockhopper y Navitas, "en cuanto de ellas dependa", se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con Sea Lion, denominado "León Marino" en el expediente. La prohibición alcanza la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de fondeo, además de las unidades flotantes destinadas a la producción y almacenamiento de hidrocarburos, y también comprende el inicio de la extracción comercial de petróleo.

Las empresas denunciadas deberán, además, especificar las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas para apoyar la explotación, junto con eventuales ampliaciones o la incorporación de nuevos pozos relacionados con el proyecto. También tendrán que entregar los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelos de derrames y planes de contingencia, y preservar íntegramente toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada a Sea Lion, sin poder destruirla, alterarla ni ocultarla.

La magistrada no hizo lugar, por el momento, al pedido de prohibir nuevos contratos de financiación, desembolsos y transferencias vinculados al proyecto, al considerar que podría afectar operaciones y a terceros aún no identificados.

El argumento de la jurisdicción argentina

La jueza aclaró desde el comienzo que se trata de una medida cautelar y que, por lo tanto, no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas. La magistrada consideró que resultan aplicables normas argentinas al emprendimiento porque se proyecta sobre la plataforma continental argentina.

En ese marco, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe, en un plazo de diez días, si Rockhopper y Navitas contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de alguna autoridad argentina para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos correspondientes a la plataforma continental argentina.

La respuesta del Reino Unido

Un día antes de conocerse la resolución, el Gobierno del Reino Unido había advertido que, según su posición, ningún poder del Estado argentino tiene jurisdicción sobre la zona de las Islas Malvinas. "El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas", sostuvo un comunicado oficial publicado bajo el título "Hacer negocios con las Islas Malvinas".

Por su parte, Navitas había señalado que opera mediante licencias "válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas" y que no prevé que las acciones judiciales emprendidas en Argentina "tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo" de Sea Lion.

El trasfondo de la denuncia

La denuncia contra el proyecto Sea Lion había sido presentada el 1 de septiembre por el CECIM y la AAdeAA, que sostuvieron que las compañías avanzaban con el emprendimiento sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación nacional. Días antes, el 8 de septiembre, Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras que operan en Malvinas, ya habían sido denunciadas penalmente por el Gobierno argentino ante el juez federal Julián Ercolini, en Buenos Aires.