OSER, IOSPER y la salud como campo de disputa política en Entre Ríos.

El proyecto de ley que da forma a la OSER —en su versión original, aún sin modificaciones formales en la Legislatura al momento de escribir esta columna— plantea la constitución de una obra social “mixta”, donde el Estado no solo participa como empleador sino también como gestor. Esto vulnera los principios establecidos en las leyes nacionales N° 23.660 y N° 23.661, que delinean un sistema solidario de salud basado en la autogestión por parte de los trabajadores. 

Es preciso detenerse sobre este punto. La seguridad social en nuestro país se basa en un principio clave: la solidaridad intergeneracional, intersectorial y entre vulnerables y no vulnerables. Esto significa que todos aportan —en proporción a sus ingresos— para que todos puedan recibir atención médica cuando lo necesiten, sin importar si ganan mucho o poco, si tienen una patología leve o una crónica.

En el modelo solidario no se concibe la salud como un producto individual ni como un beneficio que se compra, sino como un derecho social garantizado por el trabajo colectivo. Las leyes nacionales N° 23.660 y 23.661 que, como se explicó en el párrafo anterior, regulan el Sistema Nacional del Seguro de Salud, consagran este principio: las obras sociales deben ser administradas por los propios trabajadores, sin interferencia del empleador (en este caso, el Estado provincial) y bajo esquemas democráticos de representación.

En ese marco, la OSER (según el texto original, mas allá de las declaraciones de allegados al Ejecutivo, e inclusive el propio Gobernador, que aún no se verifican formalmente al momento de este artículo y ya pasados varios días desde que se inicio el debate), se presenta como un modelo incompatible. No sólo diluye el principio de autogestión, sino que altera la lógica solidaria al introducir ambigüedades sobre el alcance de la cobertura, los porcentajes de aportes y la composición del grupo familiar, cuestiones centrales en un sistema donde la previsibilidad y la universalidad son claves. En términos llanos: la obra social debe ser de los trabajadores, dirigida por ellos, financiada con sus aportes, controlada por mecanismos democráticos y no por decisiones discrecionales del gobierno de turno.

La OSER propone un modelo institucional que contradice esa filosofía. Establece un directorio donde el gobernador nombra al presidente y al vicepresidente, mientras que los sindicatos mayoritarios eligen dos vocales. En caso de empate, el presidente tiene doble voto. Esto configura una mayoría automática del Ejecutivo en las decisiones clave. A diferencia del actual IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos), donde el directorio se elige por voto directo de los trabajadores, la OSER diluye el principio de autogestión en favor de una tutela estatal impropia.

El gobierno, frente a las críticas, ha oscilado entre la negación y la promesa de modificaciones. El mismo día en que emitió un comunicado acusando a AGMER —el sindicato docente más importante de la provincia— de difundir “falsedades”, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, reconoció públicamente que se introducirían cambios al proyecto: se mantendría la cobertura solidaria, el grupo familiar y el porcentaje de aportes. Pero esa admisión evidencia algo más profundo: si había que modificarlo, era porque el proyecto original no lo garantizaba. Además, como ya se mencionó, estas modificaciones hasta el momento, no se observan cristalizadas en el dictamen que existe en la legislatura provincial. 

Si algo ha quedado claro en este proceso es que el problema no es solamente de redacción legal sino de concepción política. La OSER no nace para corregir los errores del IOSPER; nace para sustituirlo. No propone una modernización con participación activa de los afiliados, sino un esquema de sustitución unilateral, centralizado, con un diseño que podría abrir las puertas al uso político de un derecho tan sensible como la salud. En lugar de proponer una auditoría seria, transparentar los mecanismos financieros del IOSPER y corregir sus falencias —que existen y son muchas— se elige el camino más peligroso: disolver lo existente para imponer algo nuevo sin consenso ni garantías.

Desde el oficialismo se insiste en que el IOSPER es ineficiente, opaco, víctima de manejos corporativos. El camino adecuado, entonces, sería iniciar acciones judiciales, no improvisar un nuevo órgano sin controles reales. No se combate la opacidad con más opacidad. Acusar públicamente sin denunciar en tribunales es una irresponsabilidad institucional. Y si el verdadero objetivo es la transparencia, nada impide avanzar con mecanismos de control externo, auditorías independientes y reformas normativas consensuadas.

Lo más grave es el modo en que se ha intentado imponer este proyecto. No hubo consulta previa a los gremios ni a los trabajadores. No se convocó a mesas técnicas, no se discutieron alternativas. El debate público se abrió sólo cuando la presión social lo forzó. La salud pública, en este contexto, aparece como una prenda de negociación, no como un derecho. La gama de derechos, conquistada con años de lucha, es barrida de un plumazo por un diseño verticalista que entrega la administración sanitaria a las oficinas gubernamentales.

El argumento del "control del gasto” tampoco se sostiene si no se acompaña de reglas claras, topes salariales, transparencia presupuestaria y participación real de los trabajadores en la toma de decisiones. El riesgo, más bien, es que la OSER se transforme en una caja política, donde los fondos de la salud sirvan para cubrir déficits estatales o compromisos con prestadores cercanos al poder. La experiencia de intervenciones en obras sociales estatales muestra que ese camino no lleva a una mejor atención médica sino al colapso y la desconfianza.

Frente a este panorama, la exigencia de que el proyecto de creación de la OSER sea retirado —no simplemente maquillado— no es un capricho. Es una demanda razonable que nace del sentido común democrático: la salud de los trabajadores no se entrega como carta blanca al Ejecutivo. Reformar el IOSPER sí es una necesidad; hacerlo de espaldas a sus afiliados es un error político y ético. El futuro de la seguridad social en Entre Ríos no puede decidirse entre gallos y medianoche, ni mucho menos con comunicados confusos vía medios y redes sociales.

Los gremios, con AGMER a la cabeza, no niegan la posibilidad de revisar, modernizar o transparentar la gestión del IOSPER. Tampoco rechazan los controles. Lo que cuestionan —con sobrada razón— es que la solución a los problemas existentes sea la disolución de una institución democrática para reemplazarla por otra dependiente del poder político de turno. La OSER no soluciona la crisis de la obra social provincial; apenas la traslada a un ámbito más opaco y más vulnerable al oportunismo gubernamental.

La verdadera solución, como señalan múltiples voces críticas, debe partir de un nuevo pacto legal y político: un esquema donde la titularidad, la gestión y la responsabilidad sobre los fondos sanitarios recaigan de manera exclusiva en los trabajadores. Un sistema donde los aportes y contribuciones se administren con responsabilidad, donde los prestadores estén regulados con criterios de calidad y donde los afiliados puedan elegir con libertad. No se trata de defender el statu quo sino de evitar un salto al vacío.

Si algo ha quedado claro en este episodio, es que el pueblo entrerriano —y en especial sus trabajadores estatales— no está dispuesto a ceder sus derechos sin luchar. La salud no se delega, no se privatiza, no se subordina al humor del Ejecutivo. En momentos donde la Argentina transita debates profundos sobre la calidad de sus instituciones, la provincia de Entre Ríos tiene la oportunidad de marcar la diferencia: elegir más democracia, no menos. Más participación, no imposición. Más salud como derecho, no como negocio.

Julián Lazo Stegeman