   El monto original del programa pactado FMI trepaba a USD 55 mil millones, de los cuáles fueron girados USD 45 mil millones debido a que la Argentina no cumplió con la última parte de las metas acordadas.
   La deuda actual documentada por la Secretaría de Finanzas al 31 de diciembre de 2021 asciende a USD 40 mil millones, dado que durante el período de negociación la Argentina cumplió con los vencimientos programados.
   Incluso en octubre de 2020 utilizó la expansión de DEGs (dinero del FMI) dispuesta por el organismo para hacer frente a los obligaciones que operaron hacia fin de ese año de manera de mantener vigente la negociación.
   En enero de 2022, Argentina y el FMI anunciaron "un entendimiento" que demoró más de un mes en transformarse en la redacción definitiva del nuevo programa. En ese momento se pagaron USD 711 millones de dólares contra el compromiso de que se llegaría a la firma final del pacto.
   El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de enviar al parlamento un proyecto de ley para la aprobación del "Acuerdo para el Refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el FMI".
   El Ejecutivo aseguró que la iniciativa incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.
   Mediante este nuevo programa se reemplazará el stand by firmado por Macri por uno denominado de Facilidades Extendidas, una de las variantes de programas que puede firmar el FMI con sus países miembros.
   La diferencia entre ambos son los plazos de pagos y las condicionalidades que se imponen. El stand by vigente concentraba vencimientos en 2022 por más de USD30 mil millones que lo convertían en inviable para el país.
   De acuerdo a información oficial del Ministerio de Economía, se harán 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio para verificar el cumplimiento de las metas.
   El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI y el resto quedará sujeto a la aprobación de cada revisión.
   El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
   De acuerdo con el Palacio de Hacienda "hay coincidencia" con el FMI en que uno de los principales desafíos de la economía Argentina es la inflación y que es "multicausal" por lo que debe ser abordada "con un enfoque integral".
   "La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas", señaló la cartera a cargo de Martín Guzmán.
   El Gobierno afirmó que "el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas".
   Respecto del déficit público se buscará su reducción con una "consolidación fiscal progresiva" a partir de la recuperación de la actividad económica.
   Esto se acompañará con una "reducción gradual" de la asistencia del Banco Central" y "la implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos".
   El programa contempla un acuerdo de precios y salarios para "anclar expectativas inflacionarias".
   De acuerdo a la información del Ministerio de Economía el objetivo de déficit fiscal primario es de 2,5% del PIB para 2022, de 1,9% para 2020 y de 0,9% para 2024.
   A su vez, el Gobierno afirmó que el acuerdo "no prevé ninguna reforma previsional" y aseguró que se continuará aplicando la fórmula de movilidad jubilatoria por ley 27.609.
   El programa incluye una revisión de los subsidios energéticos como forma de reducción del déficit fiscal. Se hará a través de revisiones sobre la capacidad de pago de los usuarios, tanto residenciales como no residenciales.
   Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo las variaciones el coeficiente de variación salarial y se buscará una segmentación concentrada en los sectores de menores ingresos.
   Según adelantó el Ministerio de Economía, la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
   Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).
   Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.
   La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.N.A.