En declaraciones realizada al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Cañete admitió que la situación económica y financiera del IOSPER “es preocupante” y explicó: “Cuando uno tiene la responsabilidad de administrar uno de los presupuestos más importantes de la provincia, debe hacerlo con mucha responsabilidad y cuando los números son positivos, como fueron los últimos cinco años, pero también cuando la situación se agrava debe decir la verdad. Por eso, exponemos esta situación para darle a conocer a nuestros afiliados cuál es la realidad y porqué llegamos a esta instancia”.

En este marco, explicó que “se cerraron cinco años con superávit, pero el 10 de diciembre Argentina cambió, no solo en lo político sino también en lo económico. Según la información interanual, el aumento en medicamentos desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024 fue del 292%, los recursos que recibió la obra social en ese periodo son 158%, con lo cual allí hay una variación del 140% que, indudablemente, se vuelca a la diferencia de precios y eso hace que estemos en esta situación. Pero no es solamente eso, hay algo que nos espanta: tenemos en agosto un déficit de 11.000 millones de pesos, de los cuales entre enero a la fecha hubo 43 amparos de medicamentos nos llevaron un costo de 7.264 millones de pesos”.

“Hemos presupuestado por julio-agosto del año pasado cuánto vamos a utilizar de partidas presupuestarias para distintas actividades que tiene la obra social, y hoy tenemos de enero a agosto 43 amparos que nos consumen 7.300 millones de pesos. Esto, por supuesto que, en vez de aliviar, agrava la situación y nos preocupa muchísimo. Si tenemos aumento de precios y menos ingresos a la obra social, indudablemente que en algún lugar se va a generar un desequilibrio y eso es lo que estamos resaltando como preocupación”, señaló.

En cuanto a las acciones para encontrar una solución, Cañete especificó que “se están haciendo muchas cosas, estamos analizando facturación mes por mes, nos sentamos con los prestadores para establecer algunas modificaciones que lleven, por lo menos, a tratar de morigerar esta situación, pero también le presentamos al gobierno la agencia de evaluación de tecnología, le presentamos el proyecto para crear un fondo para medicamentos de alto costo y enfermedades catastróficas, lo que generaría un corset para aquellas demandas que consideramos que son desmedidas y que necesitan de una evaluación científica para que no terminen en un amparo y seguir con la realidad que tenemos hoy en día”.

Al respecto, amplió que “lo primero que se está tratando de hacer es desmenuzar pormenorizadamente la prescripción de cada uno de los medicamentos, y tratar de que el prestador se concientice de que lo que cura es la droga y no la marca comercial”. Como ejemplo, mencionó que “en 53 prescripciones médicas, tenemos 550 millones de pesos, con lo cual tenemos que sentarnos con los prestadores y pedirles que no prescriban la marca, sino la monodroga, para ayudarnos a seguir manteniendo el sistema y que podamos seguir brindándole el servicio a nuestros afiliados”.

“Debemos ser muy cautos porque cualquier medida que tomemos, lo que no puede hacer es resentir el servicio de prestaciones hacia nuestros afiliados, pero cuando se compara la prescripción de medicamentos agosto 2023 con agosto 2024, hay más de 19.000 recetas emitidas, con lo cual hay una demanda que ha crecido y eso trasunta en mayor erogación de recursos de la obra social”.

Consideró que ese aumento tiene que ver con la crisis económica que obligó a un traslado del sector privado hacia las obras sociales: “Hablé con algunos delegados y desde enero a la fecha lo que ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de afiliados que se acercaron a la obra social para solicitar formularios para medicamentos crónicos y de alto costo. Presumimos que pueden ser afiliados que tenían otra cobertura y que los medicamentos los tenía por esa otra cobertura, pero que hoy están recayendo todos en la obra social. Por eso vemos mayor tasa de uso y esto hace que tengamos los números disparados”.

Respecto de los ingresos del IOSPER, recordó que “se conforma por la retención del 3% que se nos haces a los trabajadores, en el caso de los activos el 6% de la contribución patronal y en el caso de los pasivos el 3% y el 2% de la contribución patronal, que es irrisorio. El promedio de ingreso que tienen los pasivos es de 17.500 pesos, y ese 2% representa 1.000 millones de pesos, por eso le hemos solicitado al gobernador la restitución de aquel 2% de contribución patronal que se sacó en el año ‘95 por la ley de emergencia, lo que empezaría a morigerar este tipo de situación”. “Esa es una de las alternativas, la pretensión nuestra es ese 2% y después, progresivamente como hicimos con el gobierno anterior, poder llegar a la contribución patronal del 6% de los pasivos. No hemos hablado y no consideramos que sea oportuno en esta circunstancia pedirle al gobernador que aumente el aporte o la retención a los trabajadores, porque no están dadas las condiciones y no lo vamos a pedir”.

En este marco, reveló que “hace unos 15 o 20 días lo hablé con el ministro de Gobierno, quien se puso predisposición para tratar este tema, me pidió tiempo para analizar la situación y encontrar el momento oportuno para avanzar y tener la posibilidad de concretar esto. Hay un equipo del Ministerio de Gobierno trabajando en la obra social analizando los números que les hemos puesto a disposición y de allí en más, de acuerdo a los informes que hagan estos técnicos, podremos definir el pedido”.

Asimismo, sobre una posible intervención de la obra social, Cañete sostuvo: “Hablé en varias oportunidades con el gobernador, en todo momento me ha dicho que no tiene esa voluntad política y eso no cruza por su cabeza, pero sí quiere un trabajo en conjunto, cosa que no tenemos ningún inconveniente. No obstante, yo expresé siempre que trabajar en conjunto no significa un co-gobierno porque la responsabilidad absoluta del manejo de la obra social –responsabilidad jurídica, económica, legal- recae en el presidente. Ahora, no tenemos ningún tipo de inconveniente con definir políticas en conjunto, siempre que busquen mejorar la atención y la calidad del servicio que pueda financiar la obra social”.

Por otra parte, en cuanto a los legisladores, dijo que “sólo se pudo conversar con 8 o 9 diputados del PJ, después no hemos hablado absolutamente más con nadie, a pesar de que hemos hecho reuniones con todos los prestadores y con todos los sindicatos exponiendo la situación. Y también hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein”.

“Hay tres cuestiones que uno tiene que tener en claro y que para nosotros es una tranquilidad; alguien puede pensar que hay un descontrol o un desmanejo de los recursos, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, pero en realidad además de tener muchos recaudos, tenemos tres requisitos que hacemos cumplir a rajatabla: primero, que IOSPER adquiera medicamentos por debajo del precio de venta al público, cosa que ocurre; segundo, que la dispensa del medicamento sea por una farmacia, cosa que también ocurre; y tercero, que esa dispensa venga de una prescripción médica y que sea retirada por el afiliado o un familiar. Todos estos requisitos garantizan la transparencia y la tranquilidad de las acciones que estamos llevando adelante”, concluyó.