Emergencia Alimentaria
El pasado jueves la Emergencia Alimentaria consiguió media sanción en Diputados con 222 votos afirmativos y solo una abstención. De esta manera, el próximo miércoles 18 de septiembre el Senado se reunirá en sesión especial para convertir en ley la prórroga de ésta (instalada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002) hasta el 31 de diciembre de 2022.
Si bien este reclamo, que aglutina a la mayoría de los segmentos políticos opositores y diversos sectores de la sociedad civil, se ha establecido fuertemente en la agenda pública de nuestro país, es preciso analizar, categorizar y resumir las cuestiones que atañen a la Emergencia alimentaria ya que han existido muchas acusaciones cruzadas y dimes y diretes al respecto.¿Qué es la Emergencia Alimentaria? Exigida por la oposición desde el 2017, la ley de Emergencia Alimentaria se convirtió en el reclamo más prioritario al Gobierno ante la crisis desatada por la corrida cambiaria post-PASO. Los representantes políticos, organismos sociales e instituciones alertan por el crecimiento de la pobreza y la superpoblación de niños y padres en los comedores comunitarios. La última vez que se aplicó en el país fue a raíz de la crisis del 2001 y duró hasta el día 31 de diciembre de 2002. En concreto, la Ley propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años. De este modo, se incrementan las partidas presupuestarias para merenderos y comedores comunitarios, y se contempla una distribución de 10 mil millones de pesos para fortalecer la asistencia. (Fuente: Diario Perfil).¿Qué pretende instituir esta normativa? La norma establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones. En ese sentido, se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, "y hasta que dure la emergencia", a "actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)". Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias" para que se lleve adelante "un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional" (Fuente: Infobae).¿Cuáles son algunos de los datos e informes que le dan sustento a esta demanda? Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. Además, un informe difundido el pasado lunes 26 de agosto por la Universidad Católica Argentina asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, la mayoría en las escuelas, y que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial. Esto se potencia con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que detalla cómo el gobierno nacional devaluó políticas sociales dirigidas a los menores, con recortes a la AUH, el Plan Qunita, Conectar Igualdad y la provisión de vacunas. La inversión real del Estado, se afirma, es un 20 % menor de lo que era cuando comenzó el mandato de Cambiemos en el país y en la Provincia (Fuente: Diario Perfil).¿Qué dice el Gobierno Nacional sobre esta situación? la Casa Rosada, cree que la jugada es meramente electoralista. También sostiene que lo que reclama la oposición ya está contemplado en la emergencia social, que prevé la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias para cubrir necesidades alimentarias. Aunque no descartan avanzar con un decreto, y así desactivar un foco de presión opositora, el Gobierno aspira a que el tema se resuelva en el Congreso (Fuente: Diario La Nación). Cabe mencionar que la emergencia alimentaria está vigente desde 2002, cuando fue declarada por ley luego de la grave crisis económica de 2001. Esa normativa venció el 31 de diciembre del mismo año en que fue aprobada, aunque se fue prorrogando mediante otras leyes complementarias. La última se sancionó en 2016 y declara la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, pero solo aplica a "trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular", no así a comedores y merenderos (Fuente: Emmanuel Gentile para RT en Español). En fin, todo parece indicar que tanto el oficialismo como la oposición han acordado y coordinarán en la sesión especial del Senado para extender la prórroga de la Emergencia Alimentaria. De esta forma, el Macrismo no se verá en la necesidad de establecerla por decreto para atenuar los avatares en su contra por parte de los segmentos opositores. Más importante aún, si esta legislación se aplica correctamente una vez que sea sancionada, es que muchos sectores de la sociedad (especialmente niños y ancianos) que están atravesando momentos difíciles dadas las fluctuaciones económicas que experimenta la economía nacional, se verán contenidos en el cumplimiento de una de sus necesidades básicas como lo es la alimentación.Julián Lazo Stegeman
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