La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Antonio cuenta con 11 camas de las cuales 2 se encuentran ocupadas por Covid. Basta sacar una sencilla cuenta, si se toman estas 11 camas y se las divide por los aproximadamente 45 mil habitantes que tiene nuestra ciudad, el número de camas de Terapia Intensiva disponibles por habitantes es de 0,00024. A esto debe sumársele los pacientes ingresados de otras localidades como, por ejemplo, Galarza, lo cual reduce aún más la cantidad de camas disponibles para eventuales cuadros graves de coronavirus.

Sin embargo, la disponibilidad de camas para atender cuadros graves de Covid no es el único problema. A esto hay que sumarle el agotamiento del personal de salud capacitado para atender estas complicaciones, junto a sus auxiliares, algunos de los cuales debieron ser aislados por contagios, lo cual reduce la disponibilidad de esos recursos humanos.

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Es cierto que los 43 casos registrados hasta el momento en el departamento Gualeguay (lo cual incluye Galarza) representan aproximadamente el 0,00086 de la población. Sin embargo, esto no debe engañarnos. La disponibilidad de camas es muy limitada y el personas de salud se encuentra sobre exigido desde hace meses. Un aumento exponencial de esos casos saturaría el sistema sanitario y agotaría las ya menguadas fuerzas del personal de salud.

Basta ver, por ejemplo, lo que sucedió en Gualeguaychú. Mientras Gualeguay transitaba increíblemente por más de cuatro meses sin registrar nuevos casos, la vecina localidad aumentaba progresivamente los contagios desbordando la situación y llegando a la fase de transmisión comunitaria con la consecuente vuelta atrás en el desarrollo de actividades, entre ellas, las comerciales.

No hace falta recordar la situación geográfica en la que nos encontramos, a pocos kilómetros de Gualeguaychú y a otros tantos de Buenos Aires y Rosario, dos importantes focos de contagio.

Ante esto, el estado debe implementar los controles necesarios en la medida en que dispone del monopolio de la fuerza. Eso, sin embargo, no exime la responsabilidad que como ciudadanos debemos tener respecto a la adopción de medidas precautorias, tal como lo hicimos al comienzo de la pandemia.

Será hora entonces de renovar esa suerte de contrato inicial entre estado y ciudadanía para afrontar este pico de la pandemia. Antes de que sea tarde.

Rodrigo Cassella