La polémica por la aplicación de la Ordenanza N° 3196/24, que autoriza al Ejecutivo municipal de Gualeguay a cobrar contribuciones por mejoras correspondientes a obras de pavimentación y cordón cuneta ejecutadas entre 2020 y 2023, sigue creciendo.

Luego de la repercusión que tuvo la nota publicada por El Debate Pregón sobre el cobro retroactivo y las intimaciones que comenzaron a llegar a los frentistas, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos) salió a reafirmar su postura contraria a la norma y advirtió sobre el impacto económico y jurídico que la medida está generando.

> “Nuestro bloque votó en contra de esta ordenanza, que actualizaba cobros de obras realizadas hace más de cuatro años, a precios actualizados que ni siquiera sabíamos cuánto iba a ser lo que el vecino tenga que pagar”, expresó Cevasco en sus redes sociales.

> “Lo repetimos mil veces, en el Concejo y en los medios, que era irresponsable de nuestra parte votar algo que no sabíamos cuánto se le iba a cobrar al vecino, y que además iba en contra de la ordenanza original que rige cómo se debe cobrar la tasa”, agregó.

La edil, que integra junto a Martín González el bloque de Más por Entre Ríos, sostuvo que el procedimiento adoptado “vulnera principios básicos de transparencia” y que la medida “no respeta el marco legal vigente”, ya que la normativa que regula las contribuciones por mejoras (Ordenanza N° 1541/75) establece que el contribuyente debe ser informado del costo y la modalidad de pago en el momento en que se ejecuta la obra.

> “Nada de esto pasó. No la cobraron por años, y ahora quieren que la gente la pague a valores actualizados cuatro o más años después, con cuotas que en algunos casos rondan los 70 mil pesos por mes, y por calles que en su mayoría hoy están destruidas”, cuestionó.

El contenido de la ordenanza

Según detalla la Ordenanza N° 3196/24, registrada el 7 de junio del año pasado, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) queda autorizado a percibir la Contribución por Mejoras derivada de obras como cordón cuneta, pavimento de hormigón armado, adoquines o pavimento asfáltico.

El texto se apoya en la Ley Provincial N° 10.027, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza N° 1541/75, que califican este tipo de obras como una “tasa por contribución de mejoras”.

El artículo 2° de la nueva ordenanza establece que la percepción se hará por el 100% del valor total de la obra, autorizando al Ejecutivo a elaborar una “Escala de Valores actualizada” conforme al procedimiento del Régimen de Obras de Pavimentación e Infraestructura. Esa escala, elaborada por la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Rentas, determinó los montos que ahora están siendo reclamados a los frentistas.

El punto más controvertido, según advierten distintos sectores, es precisamente esa actualización de valores: la ordenanza fija los costos a precios de 2024, aunque las obras datan de entre 2020 y 2023. Para la oposición, ese criterio constituye una aplicación retroactiva contraria a la ley.

Vecinos en alerta

Tal como publicó El Debate Pregón días atrás, un grupo de vecinos de distintos barrios de Gualeguay se encuentra organizando presentaciones administrativas y judiciales para impugnar las intimaciones recibidas. Las notificaciones incluyen cuotas que, en algunos casos, superan los 60 mil pesos mensuales, lo que ha generado preocupación y malestar entre los contribuyentes alcanzados quienes se siguen quejando ante este medio.

Los recursos que comenzaron a circular sostienen que el cobro “resulta ilegal y arbitrario”, al pretender aplicar valores actuales a obras ya finalizadas hace tres o cuatro años.

El planteo jurídico argumenta que la medida viola el principio de temporalidad del hecho imponible fiscal, ya que la obligación tributaria se origina en el momento de ejecución de la obra y no al dictarse una norma posterior.

En tanto, Cevasco insistió en que el bloque oficialista “debe dar explicaciones claras” y garantizar que los cobros se ajusten a derecho. > “La situación es injusta y desprolija. No puede ser que se cobre a valores inflacionarios obras que, en muchos casos, ya están deterioradas. Esto no es contribuir con mejoras: es castigar al vecino”, concluyó.