Escobar sobre la denuncia que le hizo Guay Meat: “Se tienen que hacer cargo de sus errores”

La disputa legal tras el cierre del frigorífico Guay Meat y el despido masivo de sus trabajadores sumó un vertiginoso capítulo en el terreno penal. Semanas atrás, los empresarios de la firma formalizaron una denuncia penal por presunta “sustracción ilícita de documentación privada de la empresa” dirigida contra el padre del abogado Bartolomé Escobar —quien representa judicialmente a una veintena de ex operarios de la planta—. Ante esta presentación, el letrado dialogó con este medio, desmontó la acusación, explicó el estado de las demandas laborales en curso y lanzó un contundente llamado a la reflexión a la patronal.

Una denuncia “sin sentido cronológico”

Respecto a la acusación formulada contra su padre, quien se desempeñó durante 15 años en la firma, Escobar fue tajante al señalar la inconsistencia de los plazos temporales planteados por los denunciantes: “Ellos mismos en la denuncia están reconociendo que se jubiló en abril del 2022. Y la mayor parte de la documentación que supuestamente sustrajo —que de hecho no la acompañan en la denuncia— es documentación que se originó en el año 2023 y 2024. Por eso es imposible que pueda llegar a prosperar la denuncia contra papá, porque cronológicamente no tiene sentido”.

En ese marco, el profesional argumentó lo insostenible del planteo desde la lógica: “Supongamos que pueda haber alguna documentación que sea de fines del 22 o del mismo 2022 que pueda haber quedado ahí. La realidad es que también sería ilógico denunciar a mi papá porque, por más que la documentación haya existido, ¿cómo mi papá se iba a imaginar en abril del 2022 que dos años después iba a pasar lo que pasó? Que el frigorífico iba a cerrar, iba a despedir a todos sus trabajadores y les iban a pagar la mitad de la indemnización”.

Consultado sobre las motivaciones detrás de la acción promovida por Daniel Acosta, uno de los socios de la firma, Escobar no ocultó su indignación: “Falta de código total. Daniel Acosta tenía muy buena relación con mi papá y la tuvo durante los 15 años que trabajó. Lo viene a meter en esto simplemente porque es mi papá y porque está acá conmigo en el estudio. De ahí viene la bronca de uno, porque vos sabés a quién estás denunciando y sabés que esa persona no lo hizo”.

Al profundizar sobre el origen del material documental incluido en los expedientes laborales, reveló: “Bien sabe Daniel Acosta que toda esa documentación que yo presento en una demanda laboral estaba dentro de un CPU que él mismo le regaló a uno de sus empleados”. Y sentenció: “En derecho no se puede alegar sobre la propia torpeza. Si fuiste tonto y regalaste a un empleado un CPU con documentación que ese mismo empleado utilizó en un juicio para reclamarte sus derechos, jodete, porque el que cometió el error fuiste vos. Pero no podés salir a denunciar penalmente a otras personas  por delitos que vos sabés bien que no cometieron”. Asimismo, anticipó que accionarán por la vía penal una vez desestimada la presentación: “Obviamente, una vez que se archive esta causa inventada por Acosta, le vamos a devolver la gentileza y lo vamos a denunciar penalmente por el delito de falsa denuncia”.

El estado de los juicios y los embargos trabados

En relación al avance de las acciones laborales contra Guay Meat, el abogado detalló que existen diversas causas en trámite con diferentes niveles de desarrollo. En la demanda colectiva que encabeza —que agrupa a 20 ex empleados—, indicó que el proceso marcha de manera consistente: “Viene en un estado avanzado, en plena producción de la prueba. Falta bastante todavía para que terminen los juicios porque falta la audiencia de vista de causa, donde declaran los testigos, alegar y luego entrar para sentencia; pero venimos bien”.
Sin embargo, Escobar remarcó que el aspecto central para los trabajadores radica en la garantía de cobro ante una eventual sentencia favorable: “Lo cierto es que están todos los juicios asegurados con embargos sobre Agropecuaria Ñancay, que es la otra sociedad perteneciente al grupo económico. Esto nos da la tranquilidad de que si los juicios terminan con resultado favorable, como esperamos que sea por cómo venimos, tenemos lugar de dónde cobrarlo. Ñancay, es la otra sociedad integrante del grupo económico con la cual se hizo toda esta defraudación por medio de la que intencionalmente se insolvento a Guay Meat, con la finalidad de dejarla sin bienes con que responder”.

“No van a llegar a nada bueno”

En el tramo final de sus expresiones, el letrado se dirigió directamente a los propietarios de la empresa, Cabeller y Acosta: “Para mi entender, por cómo se van dando las cosas, de nada sirve seguir con las mismas actitudes: operándome mediáticamente, ya sea tratando de ensuciar a mi hermano que es un funcionario público y no tiene nada que ver, o ahora operando judicialmente contra mí y contra mi papá con una denuncia completamente infundada, gastando plata al traer un abogado de Paraná para que haga estos papelones”.Frente a esta coyuntura, apeló a encauzar el conflicto por las vías habituales del derecho del trabajo: “Las grandes empresas, cuando tienen este tipo de problemas laborales —porque son problemas laborales, no penales—, lo solucionan muy fácil: le encargan al contador que haga las liquidaciones que establece la ley laboral. Está todo tarifado, no se inventa nada. Se hace una liquidación, se le aplica la actualización con el Índice de Precios al Consumidor más la tasa pura del 3% anual como establece la nueva reforma, y listo. Se ofrece eso y, si es razonable, se lo informo a los trabajadores y el problema se soluciona”.

Para concluir, el letrado advirtió sobre las probables consecuencias de persistir en la vía punitiva: “Es inútil seguir haciendo esto. No van a llegar a nada bueno; al contrario, no les conviene mezclarse en la parte penal porque, si se van a meter en el barro penal, los que más tienen para perder son ellos, debido a que las condenas en la justicia penal no se arreglan con plata. Lo que siempre he querido es que se haga justicia: que se les paguen a los trabajadores despedidos las indemnizaciones que les corresponden, nada más y nada menos que eso”.