Martín González: "Antes de aplastar autos y motos a lo loco hay que tratar de no robarle las cosas a la gente"

El Concejo Deliberante de Gualeguay se encuentra debatiendo un proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal que busca la adhesión de la comuna al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco). Esta iniciativa persigue el objetivo de reducir a chatarra centenares de unidades que permanecen retenidas en los depósitos locales. Sin embargo, la propuesta ya generó firmes resistencias en el arco opositor. En diálogo con El Debate Pregón, el concejal Martín González (Más por Entre Ríos) adelantó su rechazo de fondo a la normativa y expuso severas críticas hacia la política integral de tránsito de la actual gestión. "Tengo una posición tomada, yo no voy a acompañar ese proyecto porque tengo una posición de fondo. Trato de incorporar modificaciones y hacer preguntas para que de última le puedan servir a quienes toman la decisión de acompañarlo, pero mi diferencia es sustancial", remarcó el edil al inicio de la entrevista.

Objeciones legales sobre el Prodeco

El primer reparo planteado por el legislador de la oposición radica en la naturaleza y el espíritu de la normativa nacional a la que se pretende adherir. Según González, existe una distorsión en la aplicación local del programa respecto a los motivos que originaron el secuestro de las unidades. "El proyecto de ordenanza dice que la municipalidad adhiere a un programa nacional utilizado para compactar y reducir a chatarra los vehículos retenidos en operativos de tránsito. Ahí viene mi primera diferencia con la norma: yo creo que ese programa está pensado para la compactación de vehículos secuestrados en causas penales, no en cuestiones de tránsito", argumentó. A su vez, advirtió sobre las maniobras normativas para avanzar con la medida: "Yo sé que, porque ya se hizo con el programa anterior (Pronacom), alguna vuelta legal le van a encontrar para justificar que a través de este programa se pueden aplastar los vehículos retenidos".

Una ordenanza local "ilegal" y el "círculo kafkiano"

Para el concejal, la acumulación de vehículos en los canchones municipales —que estimó en alrededor de 800 unidades entre autos y motos— es el resultado directo de una reglamentación local que considera viciada de ilegalidad por exceder los límites de la Ley Nacional de Tránsito. "La mayoría de los vehículos retenidos hoy en Gualeguay están hace bastante tiempo porque la gente no los retira debido a que tiene que pagar la multa, el acarreo y la estadía en los depósitos municipales. Y son vehículos retenidos con una ordenanza que para mí es ilegal", denunció González. Al respecto, explicó que la norma local "agrega supuestos de retención a la Ley Nacional de Tránsito que no están establecidos en ella. Si bien la propia ley federal dice que las provincias y municipios pueden incorporar cosas particulares, aclara que es siempre y cuando no se viole el espíritu de la ley".

"La Ley Nacional de Tránsito establece muy poquitas situaciones en las que se puede retener y llevar un depósito un vehículo. Son muy puntuales y específicas. Acá no, acá te retienen por cualquier cosa", sentenció el edil. Para graficar la situación, el concejal utilizó un ejemplo cotidiano de los controles callejeros: "Si te paran en un operativo y no llevás con vos la tarjeta verde, te secuestran la moto y la llevan al depósito. ¿Por qué el Estado municipal va a pensar de antemano que yo soy un ladrón y me robé la moto porque no tengo la tarjeta verde? Si tuviese un pedido de captura por robo tras cruzar datos con la policía, ahí sí corresponde. Pero cobrarte y exigirte el pago de la multa para devolverte algo que es tuyo, está mal".

Bajo esta lógica, González describió la situación de los infractores locales como un "círculo que es absolutamente kafkiano", donde el vecino "tiene que empezar a pagar los intereses de la multa, la multa en sí, el acarreo, la estadía, y encima seguir pagando el seguro, la cuota y la patente de un vehículo que no tiene".

La propuesta de la oposición: condonación y devolución

Frente al escenario de la compactación masiva, el bloque de Más por Entre Ríos impulsa una alternativa orientada a resarcir a los propietarios y evitar la destrucción del patrimonio privado, desmitificando además el impacto económico que la venta de chatarra genera para las instituciones benéficas locales. "Lo que va a suceder es que, en vez de devolverle los vehículos a la gente, se van a aplastar alrededor de 800 unidades. Yo lo que planteo es que esos vehículos se le devuelvan a la gente, porque en la gran mayoría de los casos han sido retenidos de manera ilegítima, y que se devuelvan sin la exigencia del pago de la multa", propuso González. "En todo caso, el municipio que arbitre los medios administrativos que tiene al alcance de la mano para poder cobrarla en otro ámbito, pero no quitarle una propiedad privada".

"Lo que propongo es reformular ese proyecto de ordenanza y condonar la totalidad de las multas que tienen todos esos vehículos por única vez. Que esos vehículos se retiren; seguramente van a ser más productivos estando en manos de sus dueños que siendo aplastados y reducidos a chatarra", argumentó. Asimismo, relativizó el fin solidario que el Ejecutivo asignó a los fondos de la compactación, detallando que la norma establece un 50% de lo recaudado para el asilo de ancianos y el otro 50% para la protectora de animales Lichi. "Eso es un llamador. La ordenanza anterior, que aplastó más de 1000 vehículos, no recaudó ni 400.000 pesos. O sea, son dos mangos los que se recaudan por aplastar semejante cantidad de vehículos. Eso probablemente salga del Concejo, pero mi propuesta es que sean devueltos", recalcó.

"Una política de tránsito que garantiza tres desprotecciones"

Finalmente, el concejal de Más por Entre Ríos concluyó que el proyecto en tratamiento es "la frutilla del postre de una política extremadamente absurda" que, a su entender, desprotege tres niveles fundamentales de la comunidad de Gualeguay: la vida, los trabajadores y la propiedad privada. En primer lugar, apuntó contra la efectividad vial: "Garantiza la desprotección total y absoluta de la vida y la salud de la gente porque no está pensada para la seguridad vial. Basta ver los números, los accidentes no han bajado, siguen ocurriendo". En segundo término, denunció la situación laboral del área: "Garantiza la desprotección del personal de tránsito. Debe ser el personal municipal más precarizado de todos. Si hacés un recuento de la cantidad de guardas en planta permanente, si hay uno o dos es mucho; el porcentaje de contratados es casi total". Por último, cuestionó el avasallamiento patrimonial y comercial: "Desprotege la propiedad privada. Se sustenta en la retención por el solo hecho de retener, porque ni siquiera garantiza la recaudación para el municipio. Al no retirarse el 98% de los vehículos, quiere decir que no se paga la multa, el municipio no recauda nada y lo único que hace es joderle la vida a la gente, quedarse con su propiedad y amontonar vehículos gastando dinero en el cuidado de esos predios. Antes de aplastar autos y motos a lo loco, hay que tratar de no robarle las cosas a la gente. Hay que dejar de retener a mansalva y animarnos a repensar como ciudad la política de tránsito", concluyó González.