Un grupo de vecinos de distintos barrios de Gualeguay se prepara para presentar en los próximos días recursos administrativos y legales contra las intimaciones que comenzaron a recibir por parte de la Municipalidad, en el marco de la aplicación de la Ordenanza N° 3196/24, que autoriza el cobro de Contribuciones por Mejoras correspondientes a obras ejecutadas entre los años 2020 y 2023.

Las notificaciones, similares a la que se viralizó en las últimas horas a través de mensajes de WhatsApp, detallan deudas que en algunos casos superan los 60.000 pesos mensuales en concepto de cuotas, lo que ha generado malestar y preocupación en los frentistas alcanzados.

Uno de los vecinos afectados, que prefirió mantener su identidad en reserva, adelantó a El Debate Pregón que presentará un recurso de impugnación argumentando que el cobro resulta “ilegal y arbitrario”, dado que se pretende aplicar valores actuales a obras ya finalizadas hace tres o cuatro años.

> “La legislación no rige con efecto retroactivo. La Ordenanza 3196/24 pretende subsanar errores de fechas y determinar costos de obras pasadas al valor del momento de su sanción, lo que constituye un acto jurídico ilegal”, sostiene el escrito que comenzará a circular entre los damnificados.

El planteo jurídico señala que la medida viola el principio de temporalidad del hecho imponible fiscal, ya que la obligación tributaria se origina en el momento de la ejecución de la obra y no al dictarse una norma posterior. En ese sentido, los vecinos sostienen que la nueva disposición contradice la Ordenanza 1541/75 y sus reformas, así como los artículos 7, 765 y 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El argumento municipal y la polémica por la actualización

Una fuente vinculada al Concejo Deliberante, consultada por este medio, explicó que las intimaciones comenzaron a llegar a frentistas de distintos puntos de la ciudad, principalmente por pavimentaciones y obras de cordón cuneta realizadas entre 2020 y 2023.

> “Lo particular del caso es que en 2024 se dicta la ordenanza 3196 y dice que el valor de la obra se va a determinar al momento de la sanción. Eso implica cobrar una obra hecha hace tres años a precios actuales, lo que genera un enriquecimiento sin causa y una arbitrariedad absoluta”, indicó la fuente.

Según detalló, la Ordenanza 1541/75, que rige las contribuciones por mejoras desde hace casi medio siglo, establecía que el monto debía fijarse al momento de autorizar la ejecución de la obra, y que el cobro debía iniciarse una vez concluida y habilitada la misma.

> “Acá lo que vemos es que el municipio está queriendo cobrar a valores inflacionarios una deuda de dar sumas de dinero que, por el Código Fiscal, solo puede actualizarse con una tasa activa o un interés del 1 o 2% anual. Pero ahora están aplicando una actualización abismal”, advirtió.

La fuente agregó que las cuotas fijadas en algunos casos resultan “imposibles de afrontar” y que muchos vecinos optarán por recurrir la determinación dentro del plazo de 30 días que prevé la propia ordenanza. Si el reclamo es rechazado por el Ejecutivo, el paso siguiente sería una acción judicial.

Un debate que llega al Concejo

El tema ingresará formalmente al debate político esta semana. Según se confirmó, el Concejo Deliberante de Gualeguay tratará este martes el alcance de la Ordenanza 3196/24 y las notificaciones enviadas a los contribuyentes.

Desde distintos bloques de la oposición ya se habían manifestado en contra al momento de su sanción, señalando que el texto “abre la puerta a un método de actualización injusto y perjudicial para los frentistas”.

> “Se está cobrando una obra que hace tres años valía el 10% de lo que vale hoy. La diferencia es sideral. Más allá de la discusión sobre si corresponde o no cobrar una mejora, el método que se usa no es el legal”, insistió la fuente.

El debate revive una vieja discusión sobre la naturaleza de las contribuciones por mejoras. Mientras algunos sostienen que los frentistas son los principales beneficiarios y, por tanto, deben afrontar el costo de las obras, otros advierten que las mejoras públicas benefician a toda la comunidad, por lo que deberían financiarse con recursos generales.

“Durante años, muchas obras en Gualeguay se hicieron con fondos nacionales o provinciales. Ahora, ante la falta de recursos propios, la Municipalidad intenta recuperar fondos por esta vía, pero lo hace con un criterio que no resiste análisis jurídico”, señaló la misma fuente.