En un duro documento al que accedió esta Agencia, las seccionales Victoria y Federal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), las entidades preguntan: "¿qué respuesta obtuvimos del gobierno y de sus funcionarios?", y responden que hasta el momento, "ninguna. Solamente la amenaza permanente de los descuentos para todos aquellos docentes que ejercen el derecho constitucional a la huelga". También advierten que "la nueva modalidad de apriete y extorsión consiste en enviar un correo electrónico a las direcciones de mail personal de los directivos de las escuelas para solicitarles 'se controle la carga de la información referente a PAROS' (así, con mayúsculas) por pedido del funcionario Néstor Griffoni" y por eso lo instan a realizar la constatación "en forma personal". "¿Por qué no la realizan los directores departamentales como funcionarios oficialistas que son? ¿Por qué se presiona a los directivos para que se conviertan en brazos ejecutores de la política persecutoria del Estado entrerriano? Los compañeros que forman parte de los equipos directivos no son 'funcionarios como pretende hacer creer el CGE, son trabajadores al igual que todos los demás docentes. El gobierno no nos va a engañar".Huelga con razónAdemás, ambas seccionales afirman que el sector docente fue obligado a aplicar un plan de acción contundente "para demostrarle al gobierno provincial que el reclamo de recomposición salarial es legítimo y está avalado por el alto acatamiento al paro en las escuelas de toda la provincia". "El dinero para el aumento salarial debe ser producto de la recaudación que se logró a partir de la reforma tributaria, votada a fin de 2013; y de un posicionamiento más firme de la provincia para recuperar recursos que, genuinamente, nos pertenecen, y que el Estado Nacional retiene".Transporte, otro problemaComo en otros lugares de la provincia, Victoria y Federal señalan que a los problemas enunciados hay que sumar "la problemática del transporte escolar, segmento por el que ya hay cortes del servicio ante la falta de pago por parte del Consejo General de Educación (CGE). La deuda es desde el mes de febrero de este año, pero además, recién en abril de 2014 se canceló lo adeudado de 2013. El argumento esgrimido es que a los transportistas les falta documentación y por eso no se les abona. ¿Y cómo es que prestaron el servicio desde febrero, e incluso en años anteriores, si no cumplían los requisitos necesarios? ¿Quién controla?" También aseguran que "los que terminan perjudicados, en definitiva, son los alumnos. Y eso es lo que verdaderamente nos preocupa".La infraestructura escolar hace aguaLas seccionales docentes suman a la problemática del transporte "la falta de inversión en infraestructura escolar. Lo proyectado para 2014 sigue sin cumplimentarse; ya pasaron siete meses del año y no hay ninguna obra nueva en nuestros departamentos. La desidia es cada vez mayor y las condiciones laborales se deterioran cada vez más".A cumplir con lo prometidoPor eso exigen al Estado provincial "que cumpla con los acuerdos paritarios firmados, que hacen referencia a todas las problemáticas mencionadas". Y demandan que dé respuesta "a la demanda de recomposición salarial; que comiencen las obras prometidas y presupuestadas para 2014; y que se cancelen las deudas con los transportistas escolares para que los alumnos vuelvan a clase en las escuelas rurales. Demandamos que el Estado entrerriano se haga cargo, de una vez por todas, de sus responsabilidades".

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