El Gobierno nacional anunció que se implementará un aumento escalonado en los valores del nomenclador para prestadores de servicios a personas con discapacidad, con incrementos que irán del 29 % al 35 % entre octubre y diciembre de 2025. 
La medida, difundida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presenta como un paso hacia “la normalización y previsibilidad del sistema de atención”. 

Sin embargo, el sector de las organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad respondió con indignación. Para muchos, el incremento anunciado resulta insuficiente frente a la magnitud del atraso acumulado.

¿Qué dice el anuncio oficial?
Según el comunicado de ANDIS, el ajuste se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025. El aumento abarca servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.  El organismo asegura que el ajuste busca “fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”. 

Las críticas del sector: el atraso real y el reclamo por la ley de emergencia
Para las organizaciones que trabajan en el terreno, la actualización anunciada está muy por debajo de lo necesario. Según una de las notas periodísticas, la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, calificó la medida como “una burla”. 
Además, prestadores de servicios de discapacidad alertan que el nomenclador estaba congelado desde fines de 2024 y que los montos vigentes ya estaban “hundidos” frente a los costos reales. 
Uno de los reclamos centrales es el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que en varias instancias fue sancionada o debatida en el Congreso y que, según quienes protestan, imponía un aumento mayor al autorizado. 

Impactos concretos: servicios en riesgo y prestadores al límite
El atraso en los valores del nomenclador tiene efectos palpables: centros de día, talleres, transporte adaptado y acompañamientos terapéuticos arrastran desequilibrios financieros que comprometen su continuidad. Uno de los testimonios señala que “venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”. 
El retraso también afecta a los trabajadores y profesionales del sector, que deben lidiar con incrementos de costos, movilidad y gastos operativos, con ingresos que no se ajustan al ritmo inflacionario.