Ever Coronel Leiva lo hacía todo a control remoto. De nacionalidad paraguaya, con domicilio en la manzana 6 de la villa Soldati, Leiva terminó detenido en el penal de Junín del Servicio Penitenciario Bonaerense acusado de narco, una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización con una pena supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mercedes. Ya había estado preso en un penal federal entre 2014 y 2015. Para un traficante, en la mayoría de los casos, estar preso implica un problema, dificultades para dirigir su organización y ordenar los movimientos, ordenar compras de mercadería o ataques a traidores y enemigos. Se hace difícil.Ever, según la imputación en su contra, no se amedrentó demasiado. Le allanaron su celda en el pabellón 6 del penal de Junín esta mañana luego de semanas de escuchas telefónicas donde predominaba el guaraní, un operativo ordenado por el juez de garantías Walter Saettone y la fiscal Paula Romeo, con la colaboración de Asuntos Internos del SPB, mientras Gendarmería detenía a cinco familiares directos, entre ellos su mujer y su cuñado, con una mujer del clan que bajaba de un micro en Thames y Panamericana en San Isidro con trece kilos de marihuana Leiva, por su parte, le encontraron el celular que usaba en su celda. Las escuchas son al menos incriminantes: Leiva tomaba los pedidos de droga él mismo. Había otros cuatro aparatos más en el lugar.Son, en definitiva, cinco teléfonos de muchos a lo largo del sistema de cárceles de la Argentina, aparatos con pantallas rajadas, plásticos gastados, rara vez de último modelo.Entre 2017 y 2018, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Federal incautaron, en conjunto, más de 53 mil aparatos contrabandeados dentro de pabellones según estadísticas carcelarias a las que accedió Infobae, un número que no incluye resultados de los sistemas provinciales del resto del país.El número para las cárceles federales a lo largo del país es quizá bajo con respecto a la cantidad de detenidos: mil teléfonos en 2017, 1.200 en 2018 para 12.800 detenidos.La densidad telefónica es mayor en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Con un exceso de población criticado por la Justicia y organizaciones como el CELS, contienen 43 mil detenidos, el mayor colectivo de detenidos de la Argentina para un sistema penitenciario, el 40 por ciento de ellos presos por segunda vez en sus vidas o más, la mitad sin condena firme, más del 90 por ciento de ellos varones encarcelados por robo a mano armada.Las requisas en sus celdas encontraron 26 mil teléfonos en 2017, otros 25.106 en 2018. Es decir, más de cinco de cada diez presos con un aparato clandestino.Puntualizar cuántos presos en sí tenían un teléfono no es sencillo: las requisas del SPB van celda por celda y encuentran aparatos, pero rara vez un preso se hace cargo de ser el dueño. Que un detenido tenga más de un teléfono, dice una fuente penitenciaria, no es una rareza.Hay flotas de teléfonos clandestinas con leyendas negras en la carcasa. César Morán de la Cruz, uno de los capos más sanguinarios de la historia de la Villa 31 bis, acusado de controlar el tráfico de pasta base en el Playón Este del asentamiento con una banda de sicarios rabiosos como "Piedrita" Arredondo, procesado por cuatro asesinatos en cuarenta días, cayó con nueve celulares y chips en su celda de Devoto en octubre de 2016: sus seguidores se reunían en una casa ruinosa del Playón, "La Casa del Pueblo", a oír sus instrucciones desde el penal en altavoz.En octubre de 2017, "Guille" Cantero, una de las cabezas históricas de "Los Monos" de Rosario, fue procesado por ordenarle a uno de sus sicarios históricos desde su teléfono en el penal santafesino de Coronda un secuestro que terminó en papelón. Se terminaron llevando al hijo de un carnicero y no a la víctima marcada. "Pedile dos kilos de asado", dijo Cantero, un poco frustrado.Después hay otros usos, los lógicos o esperables para cualquier teléfono, la vida dentro de la cárcel no escapa a la vida en general. Las detenidas y detenidos hablan con sus familias por WhatsApp, postean fotos de su vida de pabellón en redes sociales, ropa colgada y calentadores y pintura carcomida, activan aplicaciones de citas, todo con el riesgo obvio de una sanción.El Servicio Penitenciario Federal establece de uno a quince días de aislamiento para un detenido con un teléfono de contrabando. Sin embargo, terminar en aislamiento no es algo frecuente. "Los juzgados de ejecución penal anulan la sanción, en la mayoría de los casos es como si no existieran", dice una fuente. En el Servicio Bonaerense, un teléfono incautado puede traducirse en una baja de puntos de concepto, lo que puede afectar una decisión posterior de un juez de ejecución penal ante la búsqueda de un beneficio.

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