Estas anomalías conviven con algunas señales positivas: de la mano de la salida del exsecretario de Comercio Interior, ha cedido el cepo publicitario privado, que constituyó el mayor golpe económico sufrido en los últimos años por los medios gráficos afectados. Se ha atenuado levemente el hermetismo comunicacional que caracterizó al oficialismo. Y dos iniciativas oficiales atendieron parcialmente viejas demandas del sector periodístico, en un horizonte poblado de obstáculos para su sustentabilidad.El proyecto del Poder Ejecutivo de reducción de alícuotas de IVA para los medios gráficos, recientemente sancionado como ley, y el decreto que extiende hasta 2014 el canje de deudas por publicidad han sido recibidos con beneplácito por ADEPA. Constituyen importantes paliativos para la delicada situación que atraviesan los medios, particularmente las pequeñas empresas periodísticas. No obstante, la ley que modifica las ecuaciones fiscales de la prensa ha dejado afuera, sin justificación admisible, a 16 medios gráficos y a todos los medios digitales. ADEPA ha señalado reiteradamente que la aplicación del IVA al precio de tapa afecta el derecho a la información de los lectores, que son quienes pagan ese impuesto.ContinuidadesMás allá de esos avances, la persistencia de muchos de los elementos que signaron la era kirchnerista en lo que hace a su relación con la prensa, mantiene vigente la amenaza de que el panorama se agrave e incluso supere a lo experimentado durante los momentos más álgidos de la última década.La pauta oficial sigue siendo empleada como un instrumento para sancionar a medios con una línea editorial independiente, compensar a aquellos que no desentonan con la retórica oficial y alimentar un aparato propagandístico que desde 2003 tiene un crecimiento exponencial. Entre enero y mayo de este año, el Gobierno nacional adjudicó de manera discrecional 705 millones de pesos en pauta oficial, o sea un 63% más que durante el mismo período de 2013.Si sumamos la publicidad estatal, que afina la sintonía de ciertos medios con las partituras oficiales; el programa Fútbol para Todos, que dosifica el espectáculo deportivo con tandas proselitistas; el mantenimiento de medios públicos politizados, y el funcionamiento de organismos oficiales que aplican selectivamente la ley de medios, los argentinos destinamos no menos de 5.000 millones de pesos por año para sostener el discurso gubernamental y sus políticas mediáticas.Lea más en la edición impresa en papel

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