La inseguridad también se combate con prevención. Una de las formas para lograr este propósito es reducir la reincidencia de la población carcelaria. Mientras que se estima que un 50% de los presos alojados en cárceles federales volvieron a delinquir una vez recuperada su libertad, sólo un 15% de los detenidos que completaron sus estudios universitarios fueron nuevamente apresados por vulnerar la ley.Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación al cumplirse 30 años del programa "Educación Universitaria en Contextos de Encierro", también conocido como UBA XXII.El trabajo busca desentrañar el impacto de la educación en los reclusos. Los estudios de grado brindan oportunidades a los internos de los presidios y les ha permitido reformular las relaciones con el adentro y con el afuera.Se destaca que a los conflictos intramuros que tienen a la violencia como medio de solución, los estudiantes y graduados privados de la libertad la reemplazaron por los instrumentos que la ley otorga, como la presentación de Hábeas Corpus.Lo cierto es que los autores del informe alertan que aún persisten las resistencias del sistema hacia la aplicación del UBA XXII. "Acusaciones infundadas a docentes y toda clase de artimañas han sido puestas en marcha por la administración penitenciaria para evitar el acceso a las aulas de la universidad en la cárcel", sostienen. El trabajo consigna que no "puede soslayarse el efecto igualador que tiene la distribución de conocimiento.Cerca de uno de cada dos detenidos reincide en el delito (46,5%), en el caso de los que se gradúan en la Universidad de Buenos Aires esta cifra se reduce a apenas el 15%. Su explicación no está en la labor de la universidad pública en contextos de encierro, más bien se encuentra en la ausencia de políticas inclusivas por parte del Estado" antes de la producción del delito. De este modo, se evidencia que uno de los resultados del programa es el estudio como herramienta reductora de la conflictividad penal.Para Leandro Halperin, especialista en temas penitenciarios y representante de la UBA en este proyecto, "la educación no es medicina contra el delito. Algunos se gradúan y reinciden. Pero la mayoría de los que están presos no tiene acceso a la educación ni a la capacitación para el trabajo. Si el estado cumpliera su rol de garante del acceso pleno a los derechos, estas personas -si así lo quisieran, obvio, porque siempre va a haber delincuentes- tendrían opciones pacíficas para integrarse a la sociedad".La estadística presentada contabiliza a los internos del SPF alojados en unidades de la zona metropolitana que siguen carreras de la UBA, donde Derecho y Ciencias Económicas, lideran la matrícula. "En el interior no se han podido generar convenios con las universidades y desde algunos servicios penitenciarios hay más arbitrariedad lo que torna más difícil su implementación", agrega Halperin.Por último, el también jurista argumenta que el estudio demuestra "que el estado tiene dos opciones para las personas detenidas: motivarlas para la vida en sociedad, no conflictiva, o bien motivarlas para que caigan en el abismo de lo inevitable, que es el delito. Y muchas veces la cárcel reproduce esto último, con la tortura por ejemplo.".A fines de 2013 hubo 132 recibidos detrás de las paredesEl Programa UBA XXII tenía -al momento de la investigación, a fines de 2013-, a 132 egresados de las carreras que se brindan dentro de las cárceles federales. Esta situación produjo un gran cambio dentro de la vida de quienes obtuvieron un título y luego salieron en libertad.El último censo penitenciario argentino arrojó una población carcelaria de 64.288 personas, lo que representa una tasa de prisionización del 152,33 ubicándola en un lugar promedio dentro del marco internacional. El 6 % son menores de 35 años (24 % tiene entre 18 a 24 y el 40% entre 25 a 34).El 82%, al momento del ingreso a la cárcel, presenta situación de precariedad laboral o exclusión del sistema productivo: el 39% dice estar desocupado, el 43 % se reconoce como trabajador de tiempo parcial y un 18 % trabajaba jornada completa. En cuanto a la participación a los programas educativos, el 55% de la población penitenciaria no participa de ninguno durante el encierro, siendo que, del 45% restante, sólo un 2% recibe educación formal universitaria.

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