La iniciativa pertenece al senador por Concordia Enrique Cresto y había sido aprobada en Diputados, pero con modificaciones, por lo que tuvo que ser tratada nuevamente en la cámara de origen. La Cámara Alta aprobó estas modificaciones y la ley quedó definitivamente en vigencia. Ahora los municipios tendrán que adherir para que la norma sea aplicable en las distintas localidades.El proyecto establece que se aplicará a "todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte", aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.La autoridad de aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal o Comuna y el Poder Ejecutivo Provincial según quien haya dispuesto el secuestro. Para ello, los municipios o comunas deberán adherir al régimen sancionando una ordenanza o adecuar la normativa local vigente.La función de autoridad de aplicación será la de proceder a la venta en subasta pública de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito o de transporte. Asimismo, la iniciativa establece que "los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimiento y plazos previstos por la ley".

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