Los trabajadores estatales se pronunciaron en contra de la medida impulsada por el Ministerio de Modernización de la Nación, que obliga a capacitarse a todos los trabajadores estatales e impone un sistema de premios y castigos vinculado con eso. Desde la seccional Gualeguay de ATE, su secretario general Federico Gallardo, se expresó al respecto y recordó que “como gremio, siempre estuvimos a favor de las políticas de jerarquización y formación de las trabajadoras y trabajadores del Estado porque son ellos y ellas quienes desde su puesto de trabajo ejecutan y son garantes de las políticas públicas”. De todas maneras, explicó que la medida impulsada por el presidente Mauricio Macri “se puede prestar para un doble juego de premios y castigos, y tememos que se utilice como excusa para más ajuste sobre los trabajadores como nos tiene acostumbrado este gobierno nacional”.
Buscan romper el techoPor otra parte, Gallardo se refirió a las paritarias que se avecinan y a la reciente reunión de secretarios generales, que se llevó a cabo este miércoles. Sobre ella informó que "se decidió pedir en paritarias un aumento salarial no menor del 38%, teniendo en cuenta que los trabajadores sufrimos una pérdida salarial en el año 2016 del 12%, y sumado esto, hay que tener en cuenta que se estima una inflación entre un 25 % y un 30% para este año". Y dejó en claro que no están "dispuestos los trabajadores a ser la variable de ajuste del gobierno nacional ni provincial".El plan del gobiernoCabe recordar que el Gobierno nacional pondrá en marcha, mediante la creación de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, una iniciativa que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y que promete premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio. El pedido lo hizo el año pasado el presidente Mauricio Macri al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el mayor responsable de esta iniciativa. El objetivo oficial contempla que en el mediano plazo el nuevo instituto de formación pública alcance a todos los organismos del Estado nacional, las provincias y los municipios, un universo que reúne a más de cuatro millones de empleados estatales, una cifra que convierte al sector público, por lejos, en el mayor empleador del país. El proyecto parte de la base del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con años de existencia (fue creado en 1973 y relanzado en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem), pero implica una renovación absoluta.Cuestionamiento provincialDentro del sector gremial del Estado, la medida ha caído mal en todas las agrupaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, en diálogo con APF también cuestionó el proyecto y pidió "revisar la carrera administrativa completa, no así, de manera aislada" y sobretodo, criticó que no se haya abierto el debate hacia los gremios. Muntes también recordó el histórico reclamo para que se reglamente el Régimen Jurídico Básico en Entre Ríos con el fin de "ordenar la carrera del trabajador estatal, que no se ingrese más por el dedo del político de turno, sino que sea por concurso, y que haya previsibilidad en materia de ascensos". Finalmente, opinó que "lo que intenta el Gobierno nacional es coartar la tranquilidad que tenemos para trabajar. Esto no se trata de un trabajo de modernización como lo planteamos en la denominada Ley Abdala (1992), que es una ley que abarca a todos los trabajadores del Estado y norma el ingreso, concurso, ascensos, capacitación, convenio colectivo, y demás", y que con esta iniciativa el trabajador seguirá "siendo el botín político de los gobiernos de turno porque con eso disciplinan a los que están trabajando y a los que intentan ingresar".
