Causa 80 Viviendas Consorcio
El fiscal Gianini habló del expediente judicial
El agente fiscal Dr. Agustín Gianini tomó intervención en la investigación por la construcción del Plan 80 Viviendas a través del sistema de “consorcio” que se inició en la anterior administración municipal. En ese sentido, el funcionario judicial se refirió al expediente en el que se investiga si se cometieron irregularidades administrativas y/o contables en el manejo de fondos para ese proyecto.
:format(webp):quality(40)/https://eldebatecdn.eleco.com.ar/adjuntos/289/imagenes/000/028/0000028837.jpg)
En contacto con EL DEBATE-PREGON, el Dr. Gianini manifestó que "en principio, al recibir la denuncia de un vecino de Gualeguay por la no finalización de las obras del Barrio 80 Viviendas y planteaba cuestionamientos en el marco jurídico-normativo en el que se habilitaron las partidas para Gualeguay. Respecto a la cuestión normativa -agregó- se hizo el estudio de las ordenanzas y ley provincial, de las partidas de Desarrollo Social de Nación y considero que eso está dentro de las posibilidades que se adjudiquen a Gualeguay ese Plan de 80 Viviendas, sin perjuicio que haya sido destino el programa para Pueblos Originarios o pobladores rurales. No obstante, la falta de viviendas y la necesidad de las mismas habilitaban a que dicho programa se pueda ejecutar en la ciudad. La instrumentación del Plan no está en falta, al menos en materia penal; si hay o no una falta administrativa, esa es otra cuestión", indicó. Más adelante, al hacer hincapié en la investigación judicial, el Fiscal Gianini remarcó que "una vez iniciado el trámite, se realizaron inspecciones con técnicos idóneos, fui personalmente y me entrevisté con varias familias; constatamos el estado de 15 viviendas aproximadamente; observamos las manzanas 1,2, 3 y 4; son las viviendas de la manzana 4 a las que más le falta la terminación y, sucesivamente hasta la manzana 1 que es la que tienen las viviendas más completas. Evidentemente las obras no están terminadas y las partidas fueron depositadas a la cuenta del "Consorcio de Gestión" que se conformó a los fines de la ejecución de estas 80 Viviendas. Ese Consorcio hizo un convenio con la Municipalidad que entiendo que no se haya rescindido ese contrato, por lo tanto entiendo que seguiría vigente dicho contrato con el contralor hacia el Consorcio de Gestión por parte de la Municipalidad y de la Unidad Ejecutora Provincial", señaló. Asimismo, el Fiscal consideró que "la Unidad Ejecutora (UEP) se encargaba, en este caso en concreto, de certificar el avance de obra para poder habilitar las partidas presupuestarias. Se dieron cuatro partidas presupuestarias conforme a lo reflejado en el avance de obra; es decir que la UEP certificaba y desde Nación se giraba y depositaba el dinero a la cuenta del Consorcio de Gestión para la construcción de las obras; el Municipio firma ese convenio con el Consorcio y se coloca como contralor de dichas obras, además de comprometerse a la preparación del suelo, el suministro de agua y la energía para la construcción del Plan 80 Viviendas", puntualizó. En el tramo final, en relación a los aportes y el dinero girado al Consorcio, Gianini explicó que "son alrededor de 21 millones de pesos para la construcción de las 80 viviendas y, poco más de 3 millones de pesos para las obras de Infraestructura; en este caso se refiere a la energía para cada vivienda, la vereda, el ripio, cordón cuneta, etc. En ese caso se constató que no había tales obras y, en virtud de ello, se ha dado la posibilidad a las personas involucradas que aporten cuál fue la marcha de las obras. Actualmente en esa instancia está la causa, se aportó documentación y se han ordenado unas pericias contables para determinar si las partidas se corresponden con la compra del material y la mano de obra. Con posterioridad se haría una pericia de arquitectura para constatar si ese material y si la mano de obra está volcada en la obra. Puede haber otros elementos y circunstancias periféricas como por ejemplo la inflación y esas cuestiones; en concreto no hay una falta penal si las obras que estaban previstas en 9 meses se hace en un año y medio; puede tratarse de una falta administrativa o una causal de rescisión del contrato pero penalmente no es relevante", manifestó. Finalmente, el funcionario subrayó que "en la composición del Consorcio de Gestión hay ex funcionarios de Desarrollo Social, incluso se hizo un allanamiento en dependencias de esa área buscando el domicilio legal de ese Consorcio que se había mudado; creería que la Municipalidad sabe cuál es el domicilio actual de ese Consorcio porque el convenio sigue vigente", enfatizó.
