La Agrupación "Rojo y Negro. 1° de mayo" ha iniciado una campaña provincial, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución de Entre Ríos para presentar ante la Legislatura una proyecto de ley que "prohíba al Poder Ejecutivo y a los órganos autárquicos, autónomos o descentralizados de la Administración Pública Provincial, delegar en particulares la liquidación de los sueldos de funcionarios y empleados públicos, sin distinción de la forma jurídica de la contratación". Motiva esta acción las desastrosas consecuencias que hemos pagado los trabajadores de la educación entrerrianos tras la decisión del Ejecutivo provincial por privatizar la liquidación de sueldos desde noviembre de 2016. Tal como lo establece nuestra Carta Magna, pueden suscribir a esta iniciativa "habitantes mayores de dieciséis años con dos de residencia en la Provincia. "Convocamos a la ciudadanía a adherir a la presentación, no sólo por los perjuicios para los trabajadores que genera la privatización de sueldos; sino también porque es una cesión de soberanía como estado; porque no se debe pagar a un privado un servicio que puede ser garantizado por el propio estado con su personal capacitado y con experiencia y por la necesidad de que los actos de gobierno no den lugar a ninguna posibilidad de acto de corrupción."Están todos furiosos"Una de las referentes de la Agrupación, Laura Cepeda, explicó la recepción que tuvieron en distintas escuelas: "Tuvimos buena aceptación, están todos bastante comprometidos y conformes con los que les llevamos. También están todos furiosos con Lemon Data, y los reclamos que hicieron son desde hace tiempo y no obtuvieron respuesta", destacó.Fundamentos del ProyectoEntre los fundamentos del Proyecto de Ley, se destaca: "Se trata de un proyecto eminentemente político, pues en rigor, entendemos que la privatización de la liquidación efectuada carece de validez jurídica, en virtud de la vigencia del art. 45 de la Constitución Provincial, dispositivo normativo que establece que "Ningún magistrado o empleado público podrá delegar, sin autorización legal, sus funciones en otra persona; ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, siendo nulo, por consiguiente, lo que cualquiera de ellos obrase a nombre de otro ya sea por autorización suya o con cargo de darle cuenta, excepto los casos previstos por esta Constitución."Es decir, para hacer la privatización (tercerización o externalización en el lenguaje neutro de los funcionarios provinciales), en cualquier caso se precisa de la autorización legislativa, es decir de una Ley sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Asimismo, el criterio neoliberal del gobierno provincial de "tercerizar" o "externalizar" las liquidaciones se da de bruces frente a la ineficiencia que han demostrado los particulares, en contraste con la burocracia estatal, que ha demostrado mayor capacidad. Frente a ello, el presente proyecto viene a reafirmar el rol del Estado en el manejo ¡¡¡ de los asuntos de la propia burocracia estatal!!!, la que no puede quedar en manos de estructuras burocráticas particulares (empresas). Es decir, privatizar actividades de administración de la propia estructura estatal resulta desmesurado aún para los neoliberales más acérrimos, pues el neoliberalismo "sólo" cuestiona la presencia del Estado en el sector privado, en particular en el ámbito de la economía, sea produciendo bienes y servicios que pueden producir empresas privadas, bien regulando la actividad económica. La norma proyecta trata pues de una prohibición en beneficio de la legitimidad y capacidad del Estado, de la transparencia y de los derechos de los trabajadores estatales y docentes cuyos sueldos deben ser liquidados por estructuras transparentes, eficaces y eficientes.Según informaron a este medio, los docentes continuarán con la recolección de firmas durante varias semanas.

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