Kirchnerismo pide cárcel para quienes nieguen "crímenes contra la humanidad"

El Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para establecer penas de prisión, multa e inhabilitación para cargos públicos a quienes públicamente "nieguen, minimicen, justifique o aprueben cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad".La propuesta fue redactada por la diputada nacional Nilda Garré y se da dos semanas después de la polémica generada por los dichos del titular de la Dirección General de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, quien había manifestado que la última dictadura militar "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio".El texto de la exembajadora argentina en el Reino Unido propone fijar penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 mil a 200 mil pesos a quien "públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad".Asimismo, la iniciativa aspira a establecer que si el responsable de esas declaraciones es funcionario público, la condena se elevará y será "de uno a 4 años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena"."La Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de Estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado", sostuvo la legisladora opositora en su presentación."La Justicia argentina ha sido clara en cuanto a los alcances del terrorismo de Estado en nuestro país, definiendo a los hechos investigados en el marco Juicio a las Juntas, como un plan sistemático y ordenado", sostuvo la legisladora opositora en su presentación.En ese sentido, la dirigente del Frente para la Victoria subrayó que "en el último tiempo diversos funcionarios del Gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas".Para la diputada nacional, "resulta indispensable impedir que reinterpretaciones u opiniones contrarias a las definiciones judiciales ganen terreno"."No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras", había manifestado el director general de Aduanas en declaraciones periodísticas.En opiniones similares, el exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido había afirmado que durante la última dictadura militar "no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada".Ambas declaraciones generaron sendas polémicas y fueron duramente criticadas tanto por sectores opositores como por algunos dirigentes del Gobierno y el oficialismo.