Obra entregada ¿sin terminar? En contacto con este matutino, Eduardo Norberto Dellagiustina comenzó diciendo que "en el año 2013 empezaron las gestiones para concretar el proyecto; en el mes de abril del año 2014 está confirmado el inicio de obra por las 80 Viviendas Rurales y, tenía un plazo de construcción de seis meses, con un presupuesto de 25 millones de pesos. Dentro de ese monto; poco más de 21,4 millones de pesos estaban destinados a la construcción específica de las viviendas (20 viviendas de 4 dormitorios y 60 viviendas de  dormitorios). Además, dentro del total de 25 millones, estaba previsto el 15% (3,2 millones de pesos) para Infraestructura (cordón cuneta y badenes, enripiado de calles, extensión de red eléctrica, conexiones de agua potable y red cloacal). Hace poco menos de una  semana -agregó el funcionario- desde el Ministerio del Interior se ha requerido información del mencionado Plan de Viviendas que, para esta actual gestión, era un Plan adjudicado y terminado en la gestión anterior. Al momento de asumir, le plantee a la ex Secretaria de Desarrollo Social, distintas preocupaciones acerca del manejo de la obra ya que se publicó por distintos medios la entrega de llaves de las viviendas a los beneficiarios y, la realidad es que las obras no están terminadas. Entendemos que las partidas ya han sido cobradas pero la obra no está terminada", señaló  Dellagiustina.Aparece el famoso "Consorcio"  En tren de observaciones, el actual Secretario de Desarrollo Humano de la Municipal insistió en que "dentro de lo que se reclama desde el Ministerio del Interior, se refiere al 93 por ciento de obra certificada aunque no sabemos quién certificó esa obra, lo puede haber hecho el Municipio o lo habrá podido certificar la denominada Unidad Ejecutora provincia (UEP); esto lo estamos entendiendo recién ahora tras tratar de armar un verdadero rompecabezas que surge de un Convenio Marco que el Municipio firmó, en aquel momento, con el Ministerio de Infraestructura que manejaba Julio De Vido. A ese acuerdo se le suma mediante un convenio la Unidad Ejecutora Provincial como contralor pero, a su vez, el Municipio de Gualeguay creó un "Consorcio" donde se delega la administración de los fondos. En principio -resaltó Dellagiustina- hay varias observaciones porque el Ministerio de Infraestructura destinaba estos Planes de Viviendas a Pueblos Originarios y Rurales, cuestión que creemos los beneficiarios actuales no reúnen pero por cuestiones de criterio se pueden haber cambiado. También se observó que la modalidad de "consorcio" está dirigida a instituciones y entidades de prestigio dentro de la comunidad, como puede ser, por ejemplo, Cáritas, Cruz Roja, etc. Lo llamativo y extraño del "consorcio" local es que se conformó con funcionarios que estaban cumpliendo funciones en la administración de Bienes del Estado; por allí uno se puede imaginar una especie de Municipalidad "paralela" para la administración de ese "consorcio". Toda esta situación me da para sospechar que hubo motivaciones para saltear controles del Estado, precisamente en la administración de fondos públicos", enfatizó.¿Avance de obra del 93%?  Al ser consultado sobre si el real avance de obra es del 93 por ciento; Dellagiustina explicó que "quisiera creer que sí; de todos modos el Municipio no tiene "potestad" sobre esas 80 Viviendas Rurales; el expediente existente en la Comuna no tiene todos estos datos que estoy diciendo; los datos que sí tenemos fueron suministrados desde el Ministerio del Interior que, a su vez, nos reclama cierta información. Creemos que es el propio "Consorcio" el que debería terminar la obra; es el "Consorcio" quien debería terminar la obra con todos los servicios, tal como lo dice en el convenio firmado por el ex intendente Luis Erro en aquella instancia. Si volvemos a noviembre del 2015 (a pocos días del traspaso de gestión) todo aparece y figura como si la obra fue terminada y concretada; la realidad nos marca hoy los reclamos de los vecinos-beneficiarios, no solo en forma de trámite en Casa Municipal sino a través de la instancia judicial porque entienden que se les ha faltado a la verdad diciéndole que les entregaban las viviendas y no lo hacían y, los propietarios que alquilaban esas viviendas les habían puesto como fecha límite la entrega de esas viviendas cuando ingresaran; ahora ocurre que para liberar esos domicilios acudieron a la Justicia y, es la propia Justicia la que obliga al Municipio -en varios casos- a pagarle el alquiler hasta tanto las 80 Viviendas estén en condiciones", mencionó.Reclamos del "Consorcio"  La situación planteada con el Consorcio y la entrega de las 80 Viviendas Rurales parecería que no termina allí. Hace unos días atrás, miembros del denominado "Consorcio" le plantearon a las autoridades municipales que se hicieran cargo de las obras de Infraestructura (cordón cuneta, badenes, ripio y conexiones de luz eléctrica, agua y cloacas). "En el Convenio Marco que firmó el Municipio con el Ministerio dice que el Municipio debe hacerse cargo, pero el Municipio recibió los fondos y los derivó al "Consorcio", por lo tanto, quien tiene la obligación de dar respuesta por ello es el propio Consorcio porque los fondos los recibió", aseguró.Camino a la Justicia  "Solo por ahora, esta gestión no está analizando la posibilidad de recurrir a la Justicia", entendió Dellagiustina. "Si estamos evaluando cuáles son las directivas que el Ministerio del Interior nos impone para dar respuestas; obviamente que, llegado el caso, recurriríamos a la Justicia. Por ahora, estamos ocupados en la búsqueda, dentro del Municipio, de mayor documentación que nos clarifique la situación con las 80 Viviendas Rurales. El Ministerio del Interior nos exige la rendición de cuentas, el Consorcio debe responder y, si eso no ocurriera, deberemos actuar en consecuencia, mientras tanto estamos abocados a la búsqueda de los papeles", expresó.