La investigación que lleva adelante el fiscal Pablo Guercovich se inició el 17 de mayo alrededor de las dos de la mañana, cuando la víctima se presentó ante la Jefatura de Policía para denunciar que dos hombres, a quienes identificó con nombre y apellido, habían pasado en una motocicleta tipo enduro y baleado el frente de su domicilio. No era un hecho episódico: en dos ocasiones, la semana anterior, había recibido una balacera. Y justo en el momento en que hacía la denuncia, recibió un mensaje telefónico en el que le daban dos días para huir de la ciudad; caso contrario, lo acribillarían.La policía se hizo presente en el lugar y constató la existencia de casquillos de proyectiles calibre .22 y .32 sobre el asfalto, así como numerosos impactos de bala en las paredes exteriores e incluso dentro de la vivienda. Se dio noticia al fiscal de inmediato y éste solicitó al juez de Garantías en turno, Sebastián Elal, el libramiento de una orden de allanamiento en el domicilio donde, según se presumía, podían encontrarse los autores. La policía irrumpió cerca de las tres y media de la mañana. Ninguno de los sospechados se encontraba en la vivienda señalada, pero se secuestró una motocicleta similar a la que el denunciante había descripto y, lo que fue aún más importante, en la habitación que usaba uno de los sospechados, se halló un pantalón sobre la cama y, dentro de uno de sus bolsillos, un proyectil calibre .22. También se secuestraron ocho teléfonos celulares y 15 chips, que están siendo peritados.Las detenciones se produjeron dos días después. Guercovich les tomó declaración indagatoria, atribuyéndoles los tres hechos denunciados por la víctima, que calificó como amenazas con armas. En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal solicitó a la jueza de Garantías, Alejandra Gómez, que se les impusiera prisión preventiva por el término de 30 días. Sostuvo que, en el caso de que los imputados quedaran en libertad, existiría riesgo procesal. En primer lugar, porque aún no se habían hallado las armas utilizadas y podrían ocultarlas. En segundo lugar, porque incursos están siendo investigados por otros hechos, casos en los cuales habían obtenido la libertad con la condición de no verse involucrados en nuevos episodios ilícitos y, si bien deben considerase inocentes mientras estuvieran bajo proceso, lo cierto es que existían fuertes indicios de que habían intervenido en el hecho investigado. Y ello implicaba un evidente desapego al derecho que podía hacer sospechar en que pudieran fugarse, principalmente porque uno de ellos tiene antecedentes penales y, por lo tanto, una eventual condena debería ser de cumplimiento efectivo. Por otro lado, después de la última balacera, el denunciante había recibido nuevas amenazas, lo que hacía presumir que, de obtener la libertad, podían continuar la conducta intimidante o, incluso, cumplir con la amenaza.La defensa, que estaba a cargo de los abogados Rubén Gallardo e Ignacio Fernández, sorprendió en la audiencia con un planteo de nulidad. Señaló que, ni bien ocurrido el hecho, la policía había hecho públicos detalles de la investigación que invalidarían eventuales testimonios y rondas de reconocimiento de personas y objetos. Agregó además que esas informaciones, que fueron difundidas por todos los medios de comunicación, incluían términos agraviantes para los sospechados y sus familias. El fiscal contestó que, más allá de los términos inapropiados con los que la gacetilla policial se había referido a los imputados, no podía receptarse el planteo nulificante por no importar la difusión pública de la investigación ningun agravio a las garantías procesales de los incursos: la defensa no explicaba de qué modo concreto resultaban afectados los derechos de sus defendidos como consecuencia de la publicación, puesto que las medidas de prueba que enunciaba no habían sido dispuestas en la investigación.Finalmente la magistrada rechazó el planteo de nulidad de los defensores e impuso 15 días de prisión preventiva, considerando "excesivo" el término solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Argumentó que, tal como establece el Código Procesal Penal, los fines de esta medida cautelar son únicamente procesales, y en consecuencia, a los fines de preservar la investigacion y, en su caso, elevar las actuaciones a plenario, consideró que la mitad del tiempo resultaba suficiente.

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