Están imputados ex funcionarios municipales
Se desarrolló la primera jornada del juicio por el caso del “medidor”
Tal como se había previsto, comenzó ayer en los Tribunales de nuestra ciudad el debate oral y público por peculado contra el ex intendente Luis A. Erro y el ex Secretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina en el caso “Medidor”.
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Según se pudo establecer, habría quedado demostrada la existencia del "medidor" en el lugar que se utilizaba con fines políticos. Para el próximo lunes, faltaría una sola declaración testimonial y, luego se daría paso a los alegatos por parte de la Fiscalía y las defensas. Cabe recordar que para el caso de "peculado", el Código Penal establece penas que van desde los 2 a 10 años de condena y, por tratarse de un funcionario público la prohibición perpetua de ocupar cargos públicos. Distintos medios de comunicación se dieron cita pasadas las 9,00 horas en el hall principal del primer piso de Tribunales, aguardando el inicio de la jornada judicial. El ex intendente Erro llegó acompañado de sus abogados, los Dres. Erro y Cullén, quienes se ubicaron junto él en el recinto de debate. Del mismo modo, el ex Secretario Dellagiustina arribó a la Cámara seguido de su defensor, el Dr. Federik. En el interior del recinto, aguardaba el Tribunal, compuesto por la Dra. María Angélica Pivas quien presidió la causa y, los doctores Javier Cadenas y Sebastián Gallino, quienes oficiaron de Vocales. A la izquierda, se ubicaron los doctores Ignacio Telenta y Lisandro Beherán, quienes tuvieron a su cargo la Fiscalía. De inmediato y tras leerse la acusación a los imputados, se invitó a ambos -Erro y Dellagiustina- a prestar declaración y, en forma coincidente no prestaron declaración y se remitieron a lo dicho en la instrucción del caso. Acto seguido, comenzaron a brindar su testimonio los testigos del caso: Juan Davico, funcionario del EPRE, quien declaró por casi dos horas, los doctores Marcelo Sánchez y Gastón Justet, el ex intendente de La Paz, José Nogueira y uno de los técnicos de la empresa ENERSA que colocó el medidor en el lugar. Para el próximo lunes quedó pendiente la declaración de Mónica Cabrera y el testimonio de Mariela Tassistro, quien solicitó hacerlo por escrito. Una vez concluida la etapa de testimoniales, es prácticamente un hecho que se dará paso a los alegatos de las partes; paso previo éste al veredicto que se estaría conociendo en diez días aproximadamente.Cronología La Causa "Medidor" se originó en el año 2009 con la denuncia que los Dres. Gastón Justet y Marcelo Sánchez presentaron en sede judicial y se argumentaba que, en una sede partidaria de calle 25 de Mayo y Alem se estaba utilizando un medidor municipal -destinado a fines sociales- en un local político partidario del Frente para la Victoria, con el propósito de suministrar energía eléctrica en virtud de las elecciones legislativas que se aproximaban ese año. Tras la denuncia se constató la existencia del "medidor", dando paso a una investigación judicial contra el ex intendente municipal, Luis Erro y, el por entonces Secretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina ya que entre ambos habían firmado la colocación de dicho medidor.La investigación judicial siguió avanzando por el supuesto "peculado" que significa -en líneas generales- sacar bienes de la esfera pública para la esfera privada o particular. Haciendo de elementos probatorios, la Jueza de Instrucción, Dra. Alejandra Gómez dictó el procesamiento de ambos implicados. El expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, tribunal que dictó el "sobreseimiento" de Erro y Dellagiustina. En virtud de ello, la Fiscalía -a cargo del Dr. Sebastián Elal- decidió "casar" esa Resolución y recurrió ante el Superior Tribunal de Justicia. Tras el estudio de la causa, el Superior dictó resolución conforme derecho a la Cámara de Concepción del Uruguay avalando la investigación de la Fiscalía y, quedando firme el auto de procesamiento, en el año 2011. Un año después, la causa por el Medidor se elevó a juicio. El Código Penal establece una sanción que oscila entre los 2 y 10 años de prisión y, tiene la particularidad de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.
