Otra vez la administración del presidente Mauricio Macri toma una medida que se convierte en un bumerang: la baja de beneficios de pensiones a personas con discapacidad y pensiones graciables a lo largo y ancho del país.Y lo hizo amparándose en un decreto dictado en 1997 por el expresidente Carlos Menem. La mala nueva comenzó a llegar a los beneficiarios en los primeros días de junio, y generó lo esperable: la desesperación entre los beneficiarios.La Defensoría del Pueblo de Paraná ya tramitó 14 pedidos de personas que han perdido sus beneficios -el caso alarmante de una mamá sola, a cargo de siete hijos—y todas esas presentaciones han sido derivadas al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con un pedido imperativo: dar marcha atrás con la medida (más información Página 14)RESTRICCIÓN. Pero aquel decreto del menemismo -que incorporó una serie de limitaciones para otorgar los beneficios—fue relativizado durante el kirchnerismo, y por eso entre 2003 y 2015 los beneficiaros subieron de 350 mil a 1,6 millones. Entre los requisitos figuran la acreditación de un nivel de discapacidad del 76%, la imposibilidad de que el beneficiario o su cónyuge estén amparados por el régimen de previsión o posean bienes o ingresos que permitan su subsistencia.Ahora, la cartera de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley reflotó aquel decreto y aquellas limitaciones, y en función de ello ya dio de baja en todo el país un total de 170 mil pensiones.En lo que va de este año, se eliminaron 5.713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5.714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos.En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión.Los argumentos que esgrimen desde la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) para llevar adelante el recorte tiene que ver con temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o que no alcance el 76% de incapacidad para el acceso a la pensión.Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar "como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo". Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta.Según Cristina Ponce, titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) de Entre Ríos, se han dado de baja beneficios de pensión por discapacidad en casos en los que un hijo tiene un ingreso, y eso es argumento para quitarle la pensión. "Pero los hijos a veces conviven con los padres porque no tienen un ingreso suficiente como para permitirles alquilar", señaló.En otros casos, indicó Ponce, se trata de casos de personas que tienen un auto. "Hay casos de familias que tienen un automóvil modelo 2008 que les sirve como medio de transporte, y para tener una mejor calidad de vida", apuntó.PLANTEO. El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, confirmó a EL DIARIO que en la Defensoría han tramitado 14 reclamos de beneficiarios a quienes se les han dado de baja pensiones durante junio. "Pero los llamados han sido muchísimos. Eso son los casos que recibimos y que derivamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Claro que van a ser muchos más, porque la gente se está enterando de la baja de los beneficios cuando va a cobrar", aseveró."Para todos fue una sorpresa desagradable. La gente no sabía por qué no podía cobrar. En base a los reclamos que fuimos recibiendo, nosotros hicimos las presentaciones respectivas en la Nación, y explicamos por qué esos beneficios no pueden quitarse", apuntó el defensor del Pueblo.Garay se apoya en lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina suscribió en 2007 y que tiene rango constitucional. "Esa convención establece que las personas con discapacidad es un sujeto de derechos, y que por lo tanto los beneficios a los que accede dejan de ser una tema asistencia. No importa que tenga otro beneficio. Si el beneficio estuvo bien otorgado, si no hubo fraude, esa persona no está recibiendo una asistencia, sino un derecho, y a partir de ahí el Estado no puede retirar ese derecho", puntualiza.Sobre ese razonamiento, entonces, se apoya el reclamo que llevarán este viernes a la ministra Stanley los defensores que conforman la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), que preside el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor."Acá no se trata de administrar asistencialismo. Se trata de una cuestión política, primero, y después legal. Eso es lo que vamos a plantearle a la ministra Stanley. No queremos judicializar este tema. Queremos que se vuelva atrás con la medida. Si se detecta alguna irregularidad, que se saque el beneficio. Pero eso tiene que ser algo puntual, no así. Acá hay que tener en cuenta que ese decreto de 1997 que argumentan no tiene más vigencia. Ahí hay un error de concepto en los funcionarios", aseguró Garay.

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