Desde la Junta Arquidiocesana destacaron que el decreto “está dirigido a aquellas instituciones de gestión privada sin subsidio estatal, con el objetivo de supervisar el aumento de los aranceles y garantizar la transparencia en los costos educativos”. En consecuencia, remarcaron que las escuelas confesionales y demás instituciones con aportes estatales continúan reguladas por el marco normativo vigente, sin alteraciones en sus sistemas de aranceles ni en su régimen de aportes.

El Decreto 787/2025, publicado el 11 de noviembre en el Boletín Oficial, deroga una normativa de 1993 que establecía límites para la fijación de aranceles en escuelas privadas totalmente autofinanciadas. A partir de esta modificación, dichos colegios quedan habilitados a fijar sus propias cuotas y matrículas sin requerir autorización del Estado nacional.

Por su parte, el CGE entrerriano subrayó que la medida alcanza únicamente a instituciones educativas que no perciben subsidios provinciales y que se sostienen completamente mediante los aranceles pagados por las familias. Para el resto de las escuelas de gestión privada con aporte estatal —entre ellas numerosas instituciones católicas—, no habrá cambios en la normativa vigente, manteniéndose el régimen regulado por el Estado.

De este modo, las autoridades educativas buscaron transmitir tranquilidad y despejar confusiones respecto del impacto real que tendrá el nuevo decreto en el sistema educativo entrerriano.