Luego de casi dos años de investigación que reunió numerosas pruebas sobre el esquema de desvío de fondos públicos en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor entre 2018 y 2023, los exfuncionarios imputados y sus cómplices confesarán los delitos de corrupción en un juicio abreviado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.

Se trata de la causa por la sustracción de créditos del programa Jóvenes Emprendedores, donde la Fiscalía afirma que existió un mecanismo por el cual se utilizaban personas en situación de vulnerabilidad como prestanombres, o directamente se robaban identidades, para solicitar y tramitar créditos que rondaban en aquellos años los 500.000 pesos. Luego de retirar el dinero del banco, los operadores y funcionarios se quedaban con gran parte o la totalidad de los fondos.

Los acusados

Los imputados son el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, el escribano público Pedro Fernando Gebhart, quien según la Fiscalía firmaba y autorizaba los expedientes falsificados y era el destinatario de la mayor parte de los fondos sustraídos; Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico, funcionarios de la Secretaría cuyos cargos eran clave para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran sin inconvenientes; y Alejandro David Usatinsky, señalado como el principal reclutador de personas cuyos datos se utilizaban para gestionar los créditos.

La audiencia y las penas acordadas

La audiencia de juicio abreviado se realizará el 8 de junio a las 10 horas ante el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer. Las penas acordadas entre las partes son prisión de ejecución condicional, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 100 millones de pesos.

La decisión de los acusados de ir al juicio abreviado llegó luego de que sus defensores presentaran recursos con planteos de nulidad y cuestionamientos a la investigación que fueron rechazados tanto en la instancia de apelación como en casación. El dictamen de los fiscales, con la cita de las pruebas incriminatorias —entre ellas mensajes en celulares y declaraciones de personas cuyas identidades fueron utilizadas— resultó determinante para que los imputados optaran por el camino más corto y con sanción más leve.

La causa civil continúa

Más allá del cierre de la instancia penal, la Fiscalía de Estado a cargo de Julio Rodríguez Signes seguirá adelante con el juicio civil para recuperar los fondos sustraídos, que multiplican varias veces la suma que los acusados se comprometieron a pagar como parte de la sanción penal. Se buscará tramitar la reparación caso por caso, a partir de los reclamos del Tribunal de Cuentas y los informes del Ministerio Público Fiscal.