El decreto incluye un anexo con el listado nominal de quienes continuarán vinculados laboralmente al Estado durante 2026. Desde su publicación, numerosos agentes revisan la nómina para confirmar su situación, mientras que entre quienes no figuran crece la incertidumbre respecto a la continuidad laboral.

La situación impacta en áreas como Producción, Desarrollo Social y el Ministerio de Gobierno, particularmente en sectores vinculados a Derechos Humanos. En algunos organismos, como la Legislatura, los trabajadores habrían recibido notificaciones previas sobre la finalización de sus contratos, aunque en otras dependencias no hubo comunicaciones formales, lo que incrementó la preocupación.

Según relatan trabajadores consultados, muchos de ellos cuentan con varios años —e incluso más de una década— de desempeño en funciones específicas dentro del Estado, bajo la modalidad de contratos temporarios. En este contexto, se multiplicaron las consultas internas, los intercambios entre compañeros y los pedidos de información a organizaciones gremiales, a la espera de definiciones oficiales.

El decreto establece que la renovación de los contratos se realizó tras la intervención de distintas áreas administrativas, entre ellas la Dirección General de Recursos Humanos, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de la Gobernación. Asimismo, se señala que el Presupuesto 2026 contempla los recursos necesarios para afrontar las contrataciones autorizadas.

La norma habilita la contratación del personal incluido en los anexos para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026, y faculta a los ministros y autoridades máximas de cada jurisdicción a suscribir los contratos correspondientes, los cuales deberán formalizarse antes del 28 de febrero próximo.

Mientras tanto, los trabajadores que no figuran en el listado permanecen a la espera de definiciones, ante la posibilidad de que se emita una nueva disposición que amplíe el alcance de las renovaciones.