Con el objetivo de acompañar el crecimiento de los emprendimientos, de fortalecer los circuitos comerciales y de proponer acciones de consumos responsable, la Ley de Economía Social, que cumplió ayer ocho años, plantea un nuevo paradigma en el cual se privilegia el trabajo de las personas por sobre el capital. En este sentido la normativa prevé la creación de un fondo específico para el diseño de políticas públicas destinadas a emprendedores, cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones civiles, mercados populares, organizaciones de microcrédito, y pequeños productores, entre otros.La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, haciendo alusión a la conmemoración de esta fecha, señaló: "Generar oportunidades para el trabajo y el desarrollo de un proyecto de vida es un pedido constante que nos hace el gobernador Gustavo Bordet, y que se vincula con los programas que impulsamos desde el Ministerio para acompañar a las y los emprendedores en cada comunidad de nuestra provincia"."La Ley de Economía Social es una herramienta que posibilita una presencia concreta por parte del Estado, que va más allá de los aportes económicos, y que también tiene que ver con la capacitación, con generar la vinculación entre las y los emprendedores para potenciar las regiones, y con acompañar a los gobiernos locales con los espacios de comercialización", enfatizó Paira.Al referirse a las iniciativas que se vienen llevando a cabo en el contexto de la pandemia, la titular de la cartera explicó: "Atravesamos un tiempo complejo, que demanda una atención mayor por parte del Estado ante la emergencia, en el que también venimos generando diversas estrategias desde la Secretaría de Economía Social para que las y los emprendedores puedan seguir trabajando. Entre ellas, las guías virtuales para pedidos por el sistema de venta a domicilio".Además de un fondo con recursos económicos, la normativa provincial N°10.151 establece, en su artículo 6°, la creación del Registro de Efectores de la Economía Social, el cual inscribe a emprendedores y cooperativas de trabajo para que puedan ser oferentes en la venta directa de productos y servicios al Estado.

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